La Escuelita de Famailla
Actividades

El cierre de los ingenios convirtió a Tucumán en un polvorín

La historia de la provincia fue signada por la decisión de destruir el principal recurso productivo y primordial fuente de trabajo. Por Valeria Totongi

Hace 52 años, un decreto ley firmado por Juan Carlos Onganía desató la debacle económica, social y política que marcó la historia de Tucumán en la segunda mitad del siglo XX. El 22 de agosto de 1966, a través del decreto 16.926, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la “intervención” de siete ingenios tucumanos, con lo que dio inicio el desmantelamiento de las fábricas.

Entre 1966 y 1968, 11 fábricas bajaron las persianas. Los ingenios que dejaron de funcionar fueron San José, Nueva Baviera, San Antonio de Ranchillos, Los Ralos, Amalia, Santa Ana, Santa Lucía, Lastenia, San Ramón, Mercedes y Esperanza.

 

La decisión se tradujo en 50.000 despidos, el éxodo de más de 200.000 personas (una cuarta parte de la población tucumana en la época), que migraron a otras regiones del país y que, en muchos casos, pasaron a integrar el cordón de miseria alrededor de ciudades como Buenos Aires o Rosario. Pueblos desolados, fábricas derruidas y campos abandonados pasaron a integrar el paisaje en amplias zonas del este y del sur tucumano.

Los que se quedaron sufrieron graves consecuencias, que se notaron en el aumento de la mortalidad infantil, los altos niveles de deserción escolar y el aumento del analfabetismo, de la violencia hacia las mujeres y del alcoholismo.

 

“Todos los días nos encontrábamos con que una familia había dejado el pueblo. Encontrábamos las puertas con cadena y candado, puertas que nunca habían estado cerradas porque éramos todos vecinos de confianza. Cargaban sus cosas en un carro y se iban, durante la noche, sin despedirse y sin avisar, como si les diera vergüenza”, contó un vecino del Espacio para la Memoria, que en ese entonces era un niño que vivía en Santa Lucía.

El golpe contra el presidente Arturo Illia se había producido poco antes del decreto, el 28 de junio de 1966. El gobernador de Tucumán, Lázaro Barbieri, fue desplazado y asumió como interventor un militar: Delfor Otero. El 1 de agosto, lo reemplazó el general Fernando Aliaga García.

La resistencia obrera, la rebelión estudiantil y hasta la violencia política del Tucumán de los años 70 no pueden explicarse sin analizar el quiebre que significó la destrucción del principal recurso productivo de la provincia.

Durante años se instaló el discurso de que los ingenios eran improductivos y estaban subsidiados por el resto del país, que se generaban costos por las altas demandas de obreros y cañeros, que la crisis era de sobreproducción y que las fábricas azucareras eran inviables.

El 21 de agosto a la noche, el ministro de Economía, Néstor Salimei, habló por la cadena nacional de radiodifusión para hablar específicamente del “caso tucumano”.  “Después de muchos años de inyectar dinero para subvencionar el monocultivo azucarero, Tucumán sigue al borde del caos. El otrora Jardín de la República es hoy, dentro de la Nación, una isla de presente explosivo y de futuro incierto”, dijo en ese entonces Salimei.

El ministro reprodujo la posición del gobierno de Onganía: los ingenios estaban en quiebra, subsistían por motivos electoralistas e intereses de algunos sectores, hacía falta transformar las fábricas y terminar con el “monocultivo” en Tucumán. “Ningún obrero quedará sin trabajo y sin sueldo”, dijo Salimei en su discurso.

Por supuesto, el gobierno de la dictadura no cumplió esa promesa. El “Operativo Tucumán” (diez años después, un “operativo” con nombre parecido terminaría la devastación total de la provincia, con métodos violentos y aún más destructivos) el plan que incluía la radicación de fábricas en el sur y en el este tucumano, no logró absorber la mano de obra desocupada ni diversificar la producción.

Las consecuencias de esta debacle económica se derramaron hacia lo social. Desde entonces, Tucumán -que ya tenía una historia de luchas obreras- fue un foco de resistencia a la dictadura militar. Los estudiantes, con mucho apoyo de la clase media, hicieron su aporte y sus luchas se tradujeron en tomas de facultades, manifestaciones callejeras, hasta llegar a los Tucumanazos de 1970 y 1972.

La muerte de Hilda Guerrero de Molina, el 14 de diciembre de 1966, asesinada por las balas de la policía, es una muestra de los niveles de violencia con los que respondió la dictadura de Onganía a las protestas sociales. Nada de lo que ocurrió después en Tucumán -la resistencia obrera, la rebelión estudiantil y hasta la violencia política del Tucumán de los años 70- pueden explicarse sin analizar el quiebre que significó la destrucción del principal recurso productivo de la provincia.

 

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *