La Escuelita de Famailla
Día Internacional del Desaparecido

Volvimos a gritar #Son30Mil

Y nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

La desaparición forzada de personas es un crimen que no termina y que afecta no sólo a las víctimas directas, sino a sus familiares y a toda la sociedad. Sus seres queridos los siguen buscando, aunque pasen décadas, como en el caso de las Madres de Plaza de Mayo a sus hijos e hijas, y las Abuelas a sus nietos o nietas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus progenitores. No tener la certeza de si están vivos o muertos, y -si es que están muertos- no saber cómo fueron sus últimos minutos, no tener una tumba a donde llevar flores, eso impide cerrar el duelo y perpetúa el dolor. En eso coinciden los familiares de desaparecidos, cada vez que declaran en alguno de los juicios por delitos de lesa humanidad. Esas palabras repitieron uno tras otro, los testigos en el juicio por los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, que termina en un par de semanas en Tucumán, cuando se dicte sentencia a los 17 imputados acusados por delitos contra 266 víctimas.

La Organización de Naciones Unidas, al declarar el 30 de agosto como el Día Internacional del Desaparecido, consideró que se trata de un crimen que afecta a toda la sociedad, quiebra lazos y busca atemorizar a luchadores y a quienes los defienden, con la excusa de la persecución al terrorismo o a supuestos “enemigos del Estado”. “La desaparición forzada de personas se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”, declara la ONU en su Resolución 65/209, del 21 de diciembre de 2010, y fundamenta la necesidad de establecer una fecha para visibilizar este crimen en que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes -dice la resolución del organismo internacional sobre este crimen- caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley”.

El ocultamiento del cuerpo, se explica en documentos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el caso del asesinato de la persona víctima de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer la impunidad de los responsables,  con el fin de aterrorizar a la comunidad a la que pertenece la persona. Los efectos de la desaparición forzada perduran mientras no se resuelva el paradero de esas personas, prolongando y amplificando el sufrimiento de familiares o allegados.

Argentina cuenta con el dudoso privilegio de haber contado con la desaparición de personas como una práctica disciplinadora que se ha perpetrado desde el siglo XIX. Ejemplo de ello, en el Norte Argentino y especialmente en el sur de Tucumán, es la existencia de la leyenda de El Familiar, un perro demoníaco que, pacto mediante con el dueño de los ingenios azucareros, se llevaba a los obreros rebeldes, que nunca volvían a aparecer.

El plan sistemático inaugurado por la dictadura cívico militar que se apropió del país en 1976 hizo ociosa la apelación a creencias en lo sobrenatural o a la manera desordenada en que las fuerzas de seguridad aplicaban el castigo a los rebeldes, al instaurar la práctica de la desaparición, útil para “domesticar” a la población a través del terror y aleccionar a los luchadores y luchadoras acerca de lo que podía pasarles si persistían en sus reclamos laborales, estudiantiles o de derechos civiles.

Fueron miles las personas secuestradas a manos del Estado en Argentina, antes y durante la dictadura. Estaban desaparecidas porque eran llevadas sin orden judicial, a centros clandestinos de detención y sus familias no sabían donde estaban ni por qué habían sido detenidos. El horror de no saber qué había pasado con ellos era peor que la certeza de saberlos muertos.

En Tucumán, ese plan sistemático comenzó un año antes que en el resto del país: el 9 de febrero de 1975, con el inicio del Operativo Independencia. Los perpetradores, de los cuales sólo una parte llegó a juicio, dejaron a su paso miles de desapariciones forzadas (las que están registradas, porque la Justicia sospecha que fueron más). Solamente por el CCD Escuelita de Famaillá pasaron unas 2.000 personas, entre hombres, mujeres y hasta niños. Algunos sobrevivieron para contar el horror que vivieron entre esas celdas y galerías; otros -105, para ser exactos- fueron identificados 40 años después de su secuestro, en el Pozo de Vargas. Los restos de más de una decena fueron hallados en fosas comunes en el Arsenal Miguel de Azcuénaga o en los cementerios de Tacanas y del Norte. Aún hay cientos que, como se escucha en cada juicio por delitos de lesa humanidad, “hasta la fecha, continúan desaparecidos”.

La práctica de la desaparición de personas por parte de fuerzas represivas o grupos vinculados a ellos no finalizó con el retorno de la democracia, en 1983. En los últimos años, Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga son símbolos de los desaparecidos en democracia. El último de ellos es Santiago Maldonado, desaparecido durante la represión a una protesta en Chubut, y por quien los organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales volvieron a pedir, como hacían hace 40 años, “Aparición con vida”.

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