La Escuelita de Famailla
Fechas importantes

En el Día Nacional contra la Violencia Institucional, recordamos a Ismael Lucena y a Miguel Reyes

“Violencia institucional” hace referencia a prácticas de abuso de poder que vulneran los derechos de todos, pero en particular de los grupos más excluidos y/o minoritarios: los pobres, los jóvenes, la comunidad LTGBI, las comunidades indígenas.  Son prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etcétera).

¿Por qué es el Día de lucha contra la Violencia Institucional?
El 8 de mayo de 1987 fueron asesinados los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó movilización y organización barrial ante la impunidad policial y judicial, recuperando así trayectorias de los organismos de derechos humanos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En memoria de esta masacre, se instituyó el 8 de Mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional” (Ley Nº 26.811)

¿Cómo se expresa la violencia institucional?
Mediante abuso policial, tortura, gatillo fácil, detenciones ilegales, complicidad judicial, discriminación y/o maltrato por parte de los efectores e instituciones de salud y un acceso desigual al sistema de justicia. Las muertes de Ismael Lucena y de Miguel Reyes Pérez son sólo dos ejemplos de este tipo de abuso. Ambos fueron víctimas de policías que los condenaron, sin pruebas ni juicio. Para poder hacerlo contaron con complicidad de la misma Policía y del sistema judicial. Los asesinos de Ismael están condenados. Los de Miguel están procesados, pero siguen en libertad.

Ismael murió el 11 de noviembre de 2011 en el Hospital Padilla, a donde lo llevaron después de que sufrió golpiza brutal por parte de los policías que lo detuvieron, mientras que otros tres uniformados, dejaron ir a los responsables, falsificaron un acta policial y no brindaron asistencia a Ismael.

A Miguel Reyes lo mató un policía apodado “Rambito”. Ya lo tenía marcado, por eso Miguel salió corriendo cuando lo vio en una calle de su barrio, San Cayetano.  Tres semanas antes, ese mismo agente, junto a otro, al que llaman “Figueroa”, lo habían querido detener. Miguel zafó pero el policía le advirtó: “Ahora andá pero en dónde te pille, te dejo en el cajón”.

“Rambito” y “Figueroa” se ensañaron con Miguel. Llamaron a la casa de los padres de Miguel pidiéndoles dinero a cambio de no “empapelar” a su hijo”, según contaron sus vecinos. El 24 de diciembre de 2016, cuando paseaba con su familia, horas antes de volver a su casa a celebrar la Nochebuena, se lo encontró.

El policía lo corrió, lo alcanzó, lo tiró al piso y le pegó un tiro en la cabeza, ante un montón de testigos. Algunos de ellos filmaron lo que pasó, y esa es la prueba de que Miguel no disparó un arma, como dice el acusado por el crimen. Eso, y el test de parafina que le hicieron a Miguel cuando estaba en coma y que tuvo resultado negativo.

Pedir justicia por Miguel Reyes es, hoy, luchar contra la violencia institucional. Es un reclamo que reafirma el deber de las fuerzas de seguridad de respetar la plena vigencia de los derechos humanos y de sujetarse de manera irrenunciable al poder político y a la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Desde este Espacio de Memoria decimos, hoy, más que nunca:

No a la criminalización de la pobreza

Basta de gatillo fácil

La seguridad se construye con inclusión

Ser pobre no es delito

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