La Escuelita de Famailla
Fechas importantes

“Ni un pibe menos, ni una bala más”

En el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, vuelven a escucharse los reclamos contra el «gatillo fácil» y las violaciones a los derechos de lxs ciudadanxs por parte de funcionarixs públicxs

Por Valeria Totongi

Lxs jóvenes y lxs trabajadorxs son lxs principales blancos de la violencia represiva. Así lo afirma el informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en su Archivo de Casos 2018. El registro indica que el Estado mata a una persona cada 21 horas, un avance de la violencia respecto de años anteriores.

El 8 de mayo fue declarado el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional en conmemoración de la «Masacre de Ingeniero Budge», en 1987, cuando fueron asesinados los jóvenes Oscar AredesAgustín Olivera y Roberto Argarañaz por efectivos policiales. Esa tarde, tres suboficiales de la policía bonaerense mataron de 29 disparos a los tres jóvenes, la mayoría ingresaron por la espalda, en el primero de los casos que se conocería como de «gatillo fácil». Este hecho también disparó la primera pueblada para enfrentar una metodología utilizada durante la dictadura cívico militar.

En 2015, el índice de muertes a manos de las fuerzas represivas y penitenciarias era de una cada 29 horas. En el archivo de la organización figuran más de 6.500 nombres de las personas asesinadas por las fuerzas represivas desde el regreso de la democracia, hasta febrero de 2019. Solamente este año ya fueron registradas 28 muertes por gatillo fácil. 

Los nombres de las víctimas en Tucumán aún están frescos en la memoria porque sus seres queridos y las organizaciones que luchan contra la violencia policial se ocupan de mantenerlxs vivxs. 

«La ley 26.811 instruyó a ese día con el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos», consigna el Inadi en su página web. 

Los atropellos policiales, sin embargo, continúan sucediendo. «Es un día de lucha, instituido por ley, que debería servir para concientizar acerca de todas las situaciones de violencia hacia los ciudadanos por parte de funcionarios del Estado. La realidad es que no figura en el calendario escolar, y -por ejemplo- ni siquiera en la agenda de efemérides del Senado está consignado. Está paralizado a nivel político», explicó la abogada Julia Albarracín, representante en causas como la de Ismael Lucena, asesinado por el policía Mondino Becero, el 10 de noviembre de 2011.

Ismael Lucena, en una foto que ya es icónica. 

La cuñada de Ismael, Isabel de la Cruz, convirtió el dolor en lucha y se puso al frente de la exigencia de justicia por «el negrito». Su búsqueda parió un fenómeno que se repite en Tucumán: la organización de «mesas» intersectoriales, de las que participan organizaciones y militantes, para llevar adelante el reclamo y apoyar a sus familiares y abogadxs.

Julia Albarracín e Isabel de la Cruz se apoyaron en las organizaciones para llevar adelante el reclamo ante la Justicia y ante la comunidad (foto de Agencia FARCO)

Así, surgieron la Mesa de «Justicia por Reyes«, para reclamar por la muerte de Miguel Reyes Pérez, quien el 24 de diciembre de 2016 recibió una bala de goma en la cabeza, cuando era perseguido por Mauro Navarro y Gerardo Figueroa, los policías de la Comisaría 4ª que lo agredieron sin motivo. «Reyes» agonizó 23 días, hasta que falleció, el 16 de enero de 2017.

Miguel Reyes Pérez (foto de Agencia APA!)

También la de «Justicia por Javier Chocobar«, el dirigente de la Comunidad Indígena Chuschagasta, asesinado por el terrateniente Darío Amín que había contratado a dos ex «Comando Atila» para que lo ayuden a usurpar tierras ancestrales de la comunidad. Los tres fueron condenados el año pasado luego de nueve años de esperar el juicio. 

Javier Chocobar, líder comunitario indígena (foto de Agencia Emergentes)

En abril de 2016, Mondino Becero fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Ismael Lucena, y los ex agentes Antonio Monserrat Francisco González recibieron siete años de prisión cada uno.

La familia de Facundo Ferreira, que el 7 de mayo hubiera cumplido 14 años -un día antes del Día Nacional contra la Violencia Institucional- y que tenía 12 cuando dos policías le dispararon por la espalda y luego remataron con otro tiro, en la cabeza, sigue buscando justicia. Lo que ocurrió el 8 de marzo de 2018, en el barrio Juan XXIII, continúa como un crimen impune. 


Milagros y Rita Ferreira, prima y tía de Facundo (foto de diario «Clarín»

Mauro Díaz Cáceres, el policía que le disparó en la cabeza a Facundo sigue en funciones. Nicolás González Montes de Oca, el otro uniformado que iba con él  está preso por robar una cartera. 

Es a la luz de estos casos que se entiende una de las consignas de las organizaciones que luchan contra el gatillo fácil: «ni un pibe menos, ni una bala más». Ese fue el guante que recogió Isabel, cuando terminó el juicio por el asesinato de Ismael. «Juré que iba a luchar para que ninguno quede impune y siempre apoyar a las familias», dice, antes de empezar a nombrarlos, porque «sólo muere quien es olvidadx»: 

María José Gordillo, de 16 años, asesinada en octubre de 2012, cuando el disparo de  un policía que intervino a balazos en una pelea vecinal le atravesó el corazón. 

Fabián Ibarra, en enero de 2012, estaba comiendo un asado en la casa de su hermano, salió de su casa cuando escuchó tiros y una bala disparada por policías le dio en la cabeza. 

Emanuel Gallardo y Ariano Biza, que murieron quemados en sus celdas en la Brigada Norte, el 29 de junio de 2015. Los guardias los dejaron encerrados, sin posibilidades de salvarse. La causa está lista para ser elevada a juicio, dice Isabel, pero el trámite sigue demorado. 

Raúl Robles, asesinado el 7 de febrero de 2018, en avenida Roca y Pellegrini, cuando el policía de civil Sergio Campos le disparó porque, según dijo «lo reconoció» como alguien que le robó en una oportunidad. 

Jalil Juárez, de 18 años, que cayó mortalmente herido cuando un policía que lo persiguió en moto le disparó por la espalda. Su madre, Claudia Juárez, asegura que a Jalil lo emboscaron para matarlo. Ocurrió en noviembre de 2017 y aún no hay indicios de un juicio. 

Alexis Noguera tenía 22 años cuando lo mataron, el 3 de febrero del año pasado. Un grupo de policías entró a golpes y patadas a su casa, en Las Talitas, supuestamente buscando a su hermano. Habia varios niñxs en la vivienda, pero no les importó. Cuando ambos hermanos ya estaban en manos de la policía, un oficial le disparó en la cara a Alexis y luego le dio un culatazo. Alexis murió pocas horas después. La familia contó que era víctima del hostigamiento, desde hacía años, de policías de la comisaría de barrio El Gráfico, la misma donde reventaron a golpes a Ismael Lucena. 

Adrián Sánchez tuvo la mala suerte de que se le parara la moto cerca de Juan B. Justo y Francisco de Aguirre, la noche del 6 noviembre de 2018, cuando volvía de acompañar a la niñera de su hijo a la parada del colectivo. Lo que ocurrió después no tiene nada que ver con la suerte: el policía federal, Víctor Hugo Cuozzo «lo confundió» con un ladrón y le disparó. Adrián murió días después. A Cuozzo le dictaron una prisión preventiva que no duró más que un par de meses. Quedó en libertad a fines de marzo, tras pagar una fianza, se indigna Isabel.

Las violencias de la policía no acaban allí. Faltan contabilizar los cientos, quizás miles de casos de torturas en comisarías y las omisiones en el cumplimiento de sus deberes, como en el caso de Lucas, el joven trans a quien no quisieron recibirle la denuncia por violación en la Comisaría 6ª; en el de Celeste, la chica trans que fue abusada en la comisaría 4ª, en el de Milagros Avellaneda, que continúa desaparecida junto a su hijo Benicio. A su madre, no le quisieron recibir la denuncia por la desaparición. 

«Necesitamos más acceso de la Justicia, que se terminen las razzias, basta de de designar jueces a dedo. No puede ser que Facundo Maggio, el defensor de genocidas, sea juez de la provincia. Así, nunca van a juzgar a policías», insiste Isabel. 

No sólo la policía

El concepto de violencia institucional está representado claramente en el abuso policial y en los casos de gatillo fácil, pero es más amplio y abarca todas aquellas acciones y omisiones de agentes del Estado que vulneran derechos de ciudadanxs, por ejemplo en el ámbito de la salud o de la Justicia. 

«Se enmarca en el concepto, más general, de violencia estatal. Lxs argentinxs la conocimos como ‘terrorismo de Estado’, donde todo el aparato estatal estaba involucrado de todas las formas posibles, desde el origen de las normas hasta las acciones directas de violencia hacia lxs ciudadanxs», explica Albarracín. «Es un concepto complejo, que sigue en construcción, porque la violencia se da en distintos ámbitos, y hasta puede estar en la misma ley: Por ejemplo, Tucumán tiene una ley de Contravenciones que es inconstitucional y que genera situaciones violentas», sostiene. En ese mismo sentido, la decisión del gobierno nacional de proveer a la Policía Federal con pistolas táser es lamentable, dice la abogada: «Si se tiene en cuenta la historia argentina, no es un arma inofensiva, más ‘benévola’ porque no mata. Una pistola táser no es otra cosa que una picana eléctrica». 

Qué hacer y dónde denunciar

Si una persona es víctima de un acto de violencia institucional, es necesario denunciarlo, indica Albarracín. La comisaría más cercana parecería la opción más inmediata, pero en el caso de que el acto violento haya provenido de la propia policía, se puede acudir a la Fiscalía de turno.

En los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400 funciona la la Oficina de Denuncias, Asesoramiento y Atención al Ciudadano del Ministerio Público Fiscal, que atiende al público de 7 a 13. 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia (en Casa de Gobierno) es también receptora de denuncias, al igual que el Inadi (Laprida 176),  ya que muchos actos de violencia institucional tienen su origen en la discriminación; o la Defensoría del Pueblo (Balcarce 64) o un Centro de Acceso a la Justicia, o CAJ: en 25 de Mayo 1095 (0381-4312082) o avenida Jujuy 2253 (0381-0800-222-3425) 

«Estos organismos tienen la función de asesorar a las personas para que puedan realizar la denuncia, y para que puedan acceder a la Justicia, porque el ámbito judicial también puede ejercer violencia institucional, al desalentar o mal informar a quienes se acercan a pedir ayuda», explica la abogada. 

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