La Escuelita de Famailla
Operativo Independencia

El terrorismo de Estado comenzó con el Operativo Independencia

Por Julia Vitar, fiscal ad hoc en la causa "Operativo Independencia (I)", que se sustancia en el Tribunal Oral Federal de Tucumán, desde el 5 de mayo de 2016.
Desde el 9 de febrero de 1975, los tucumanos sufrimos una ocupación militar, vivimos perseguidos, controlados y  sin garantías, pese a que había un gobierno constitucional. Tucumán sirvió como ensayo del plan sistemático para aterrorizar y disciplinar a la población, que incluía secuestros a plena luz del día, Centros Clandestinos de Detención donde se aplicaban torturas y una campaña para simular una “guerra”, que después se extendió a todo el territorio nacional.

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El 5 de mayo del año 2016 comenzó en Tucumán el juicio oral y público de la megacausa “Operativo Independencia” (O.I.)  en la que se debate la responsabilidad penal de 18 personas acusadas por 270 casos de violaciones a los derechos humanas perpetradas durante el recorte de  tiempo comprendido entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976.

Los contornos de la causa que se encuentra actualmente en juicio, quedaron definidos en el año 2011, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juez Federal N°1 que iniciara la investigación de los hechos hoy objeto de proceso. Sin embargo, la demanda de justicia por los casos de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos ocurridos antes del golpe de Estado, formó parte del acervo de exigencias históricas del movimiento de derechos humanos (MDH) de Tucumán.

La generalidad y  sistematicidad que tuvo el accionar del terrorismo de Estado en Tucumán, a partir del año 1975, así como la magnitud de los atropellos que se vivieron en esa época, marca una de las peculiaridades salientes de la historia reciente de la provincia.

Dimensionar el peso e importancia que tuvo el Operativo Independencia en términos de victimización del pueblo tucumano, nos permite entender el proceso de justicia en Tucumán. Ello implica estudiar el accionar del Ejército y conocer el dispositivo de acción psicológica que se montó en esa época y que contribuyó a la construcción de memorias enfrentadas respecto del pasado cercano.

Un poco de historia: el Operativo Independencia

En el año 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) instaló la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, en el pedemonte selvático tucumano. Ese hecho debe ser analizado en el marco del proceso histórico que se vivía en aquellos momentos, y se fundaba entre otras razones  en el trabajo político que el PRT-ERP venía desarrollando en Tucumán, con una base fuerte en pueblos y localidades del sur de la provincia, la mayoría de ellas, relacionadas a la producción azucarera.

El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Estela Martínez de Perón, emitió el Decreto secreto N° 261/75, que ordenó al Ejército argentino ejecutar las acciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán.

Si bien el propósito declarado de las operaciones que desarrollaría el Ejército era el combate del foco guerrillero del PRT-ERP, el objetivo real fue la eliminación física de todos sus integrantes, infundir terror a la población tucumana, desarticular cualquier forma de organización política, social o sindical que sea considerada peligrosa desde las perspectiva de los perpetradores del genocidio, y -principalmente- utilizar la experiencia tucumana como un tubo de ensayo de lo que vendría luego en el resto del país.

El O.I. implicó la ocupación del territorio  provincial por parte de las fuerzas del Ejército, que  tuvieron bajo su control y dirección a la Policía de Tucumán, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y a los servicios penitenciarios. La conducción del O.I. estuvo a cargo de la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán, y de la cual dependían regimientos de Tucumán, Salta y Jujuy. Estas unidades del Ejército se desplegaron en el territorio provincial, recibiendo además apoyo – y presencia efectiva – de regimientos y unidades de combate de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, y Córdoba, entre otros.

El General Acdel Vilas fue nombrado en febrero de 1975 al frente de la V Brigada. Condujo el O.I. entre febrero y diciembre de 1975. Fue sucedido por Antonio Bussi quien, después del golpe de Estado, sería además nombrado Interventor Militar de la provincia.

El OI. organizó el territorio provincial en una “zona de operaciones” que en un primer momento incluyó desde San Miguel de Tucumán hacia el sur, y abarcó la franja geográfica comprendida entre la Ruta Nacional N° 38 como límite este y la cadena montañosa como límite Oeste, llegando hasta Río Seco como límite sur. La zona de operaciones se fue extendiendo durante el transcurso del año 1975, hasta que a la fecha del Golpe de Estado ocupaba prácticamente todo el territorio provincial.

Esta zona de operaciones estaba dividida en fracciones de territorio controladas por Fuerzas de Tarea (FT), cada una a cargo de una unidad del Ejército. En un inicio fueron cinco las FT: en el ex Ingenio Santa Lucía (FT Aconquija); en el Ingenio Fronterita (FT Rayo); en la Escuela de Los Sosa (FT Chañi); en San Miguel de Tucumán (FT San Miguel); y en El Mollar (FT San Juan de Gendarmería Nacional). Finalizando el O.I.  llegaron a 10 las FT, incluyendo la Base del Ex Ingenio Lules (FT Cóndor).

Estas bases militares desde donde operaban Las FT funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, en conjunto con la “Escuelita de Famaillá” principal centro de torturas y secuestros de esa época y la Jefatura de Policía en la capital.

La magnitud de la represión

Hablamos de que Tucumán sufrió una ocupación militar durante aquella época basándonos en la proximidad que tenían las bases militares entre sí, y la importante cantidad de efectivos desplegados  en el territorio (incluyendo soldados conscriptos, oficiales y suboficiales de cada una de las unidades a cargo de esas bases).

La actividad desplegada por el Ejército tuvo por objeto el hostigamiento y control de las poblaciones rurales y urbanas comprendidas dentro de la zona de operaciones, con el supuesto fin de sitiar y aislar al foco guerrillero.

Estos objetivos se llevaron adelante a partir de rastrillajes, controles en ruta y caminos, allanamientos ilegales de las moradas de los pobladores de la zona, secuestros y torturas indiscriminadas.

La tortura era fundamental en el objetivo de obtener información que resultare útil en la tarea de aniquilamiento de quien consideraban su oponente.  Es importante resaltar que oponente no fueron solamente los integrantes del PRT-ERP o de otras organizaciones político militares, sino cualquier persona que identificaran como peligrosa por sus ideas políticas o sociales.

Ocupó un lugar destacado en el accionar del Ejército la acción psicológica desplegada junto al  Gobierno a través de  los medios masivos de comunicación. Ésta se encargó de ocultar lo que se vivía en el interior de Tucumán: los atropellos y violaciones a los derechos humanos a los que eran sometidos sus pobladores, la falta de respeto a garantías mínimas, la ineficacia del hábeas corpus como recurso ante la ilegalidad y el terror cotidiano. En cambio, se magnificaron las pocas acciones llevadas adelante por la guerrilla -en clara minoría numérica- y se disfrazaron ejecuciones sumarias y secuestros y desapariciones como “enfrentamientos”. Todo esto tuvo por objeto construir discursos, representaciones y sentidos comunes que afirmen que en Tucumán existía una guerra.

La realidad demuestra que durante el O.I. se produjeron más del 35 % de los hechos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias documentadas en Tucumán (Jemio y Pisani, 2012). Hubo una victimización colectiva de pueblos y ciudades completas en el interior de Tucumán, tal el caso de Santa Lucía, Famaillá o las colonias obreras del Ingenio La Fronterita, donde se apostaron las tropas del ejército. Esta ocupación militar marca la dificultad de ponerle un número a las víctimas del accionar del terrorismo de Estado, dando por tierra aquellas discusiones que cuestionan el simbólico número de 30.000 detenidos desaparecidos.

En el radio de territorio comprendido entre Lules, Famaillá y Monteros existieron cuatro grandes centros de detención (las bases de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita y ex Ingenio Lules además de la “Escuelita de Famaillá”). Pero además existieron otros CCD satélites de estas bases, que también funcionaron como apéndices de la represión: Monte Grande, Sauce Huascho, Finca Triviño, la “chimenea mota” de Caspinchango, Escuela Lavalle, entre otros.

La memoria y la justicia en Tucumán

Una vez finalizada la dictadura militar, en Tucumán se desarrolló una experiencia única. El Poder Legislativo local sancionó la Ley 5.599 que creó la Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia y que se abocó a recibir denuncias sobre hechos ocurridos en la provincia desde el año 1974. Esto se desarrolló en paralelo a la política nacional que tuvo como punta de lanza en la materia a la CONADEP y el esfuerzo del Juicio a las Juntas Militares (Causa 13/84).

La Comisión Bicameral en su informe final rompió con la línea discursiva impuesta desde el Gobierno nacional que presentaba los hechos del pasado bajo la óptica de la teoría de los Dos Demonios, afirmando que la sociedad había sido una víctima inocente de la violencia desatada por dos demonios: por la guerrilla y el ejército. Esta lectura del pasado impuso la necesidad de presentar a los desaparecidos como parte de esa sociedad inocente, y por ende ocultar la militancia política que tuvieron y que podía ser usado como “fundamento” de lo que sucedió. Por ello también se impuso el silencio y el olvido sobre los hechos ocurridos durante el O.I, que siguió siendo presentado como parte de una guerra.

Tanto la CONADEP como la Comisión Bicameral remitieron las denuncias recibidas a la justicia para que prosiguieran las investigaciones y condenaren a los culpables. Sin embargo, el accionar de la justicia se vio truncado por las leyes de obediencia debida y punto final, que no permitieron que luego del Juicio a las Juntas (1985) se pudiera seguir avanzando en investigar a otros responsables. Esto dejó un balance negativo en la provincia de Tucumán, en la que no hubo ningún condenado por los hechos ocurridos aquí. Hubo un agravante que fue que en el Juicio a los ex comandantes se excluyeron los hechos ocurrido antes del golpe de Estado por considerarlos parte de una represión legal del gobierno contra la subversión. De esta manera se legitimó nuevamente el discurso de la guerra.

Los desaparecidos, torturados y asesinados durante el Operativo Independencia, pasaron así a ser invisibilizados por la historia oficial impulsada desde el Gobierno y adoptado por la Justicia.

A fines de la década de los ochenta, Antonio Bussi  lanzó su carrera política en Tucumán,haciendo gala justamente de su desempeño en esa guerra contra la subversión. (López Echagüe: 1991). Paralizados los procesos judiciales en Argentina durante más de una década, Bussi ascendió en su carrera política llegando a ser gobernador de la Provincia, gracias a la impunidad garantizada a sus crímenes por las leyes de impunidad y los indultos que en 1989 dictó Carlos Menem como Presidente.

La legitimación electoral y política de la figura de Bussi, era para el MDH la imagen más clara del triunfo de la impunidad y de la existencia en la provincia de memorias enfrentadas sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado (Crenzel : 2001). Por un lado había quienes lo acusaban e identificaban como el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en la provincia, y por otro quienes justificaban las violaciones a los DDHH, las desapariciones forzadas y la tortura, bajo la lectura de que en Tucumán había existido una guerra (Vitar:2015).

Para el MDH la construcción de otra memoria sobre este pasado, solo  se presenta como posible a partir de la actuación de la justicia, estableciendo lo ocurrido en clave de violaciones a los DDHH, desterrando el discurso de la guerra(Vitar:2015). Por ello, a partir del año 2002 y con mayor empuje luego del año 2003 con el cambio de Gobierno a nivel nacional,  se impulsaron diferentes investigaciones judiciales desde el seno mismo de las organizaciones de derechos humanos y de los grupos de familiares de desaparecidos. Entre ellas se destacan la investigación del Pozo de Vargas, de las fosas en el CCD Arsenales, la causa por el CCD Jefatura y por el CCD Arsenales.

En el año 2004 familiares de desaparecidos, nucleados en la Asociación FA.DE.TUC. requirió  a la Justicia Federal la apertura de dos megacausas que tenían la pretensión de albergar todas las denuncias de hechos ocurridos durante el Operativo Independencia, dividido en dos tramos. El primero comprendía los hechos ocurridos mientras Vilas fue el Comandante de la V Brigada y el segundo los hechos por los cuales se acusaba a Bussi.  Esta denuncia, quebraba la lógica de acumular los procesos teniendo como denominador en común el CCD donde las personas estuvieron secuestradas y unía los hechos por la fecha en que ocurrieron éstos. De esta manera se visibilizaba al periodo del Operativo Independencia y se le daba entidad a estos hechos tantos años acallados por la lectura hegemónica de la historia reciente.

42 años después, seguimos exigiendo justicia

El proceso judicial que inicio en mayo del 2016 no guarda grandes similitudes con aquellas denuncias que en el año 2004, con el impulso de Carmen Robles de Zurita, madre de Néstor Juan Agustín y María Rosa  Zurita y de Viviana Vicente querellando por la desaparición de su padre Santiago Omar Vicente, presentaron en la justicia. Sin embargo es innegable, que la decisión de visibilizar los hechos que sucedieron en Tucumán antes del golpe de Estado, y llevar adelante un proceso abocado exclusivamente a demostrar que en Tucumán el plan sistemático de violaciones a los derechos humanos comenzó, a diferencia de lo que se sostuvo por muchos años, un año antes del comienzo de la dictadura militar, es parte de las demandas históricas del MDH local.

Este juicio procura demostrar que los tucumanos sufrimos la ocupación militar de nuestra provincia, vivimos perseguidos, controlados, y  sin garantías mínimas en pleno gobierno constitucional. Aquí los secuestros y las desapariciones comenzaron de manera sistemática un año antes que en el resto del país y convivimos con Centros Clandestinos de Detención y con personas desaparecidas en plena luz del día y en medio de la ciudad, y sin recursos para defendernos.

Los hechos que tuvieron lugar en Tucumán no tienen comparación con el resto del país, y esto es lo que de alguna manera permite explicar el devenir del proceso político posterior de nuestra provincia, y nos permite alumbrar una explicación de porqué tuvimos a nuestro verdugo como Gobernador.

La existencia durante aquellos años de un foco guerrillero en nuestra provincia, nos obliga a afinar los argumentos y la percepción para que la vista de la justicia no se vea desviada con los falsos argumentos de la guerra. En realidad lo que se viene denunciando hace más de 41 años es que lo que se presentó como una guerra, fue un plan orquestado para secuestrar, torturar y ejecutar ilegalmente  a todo aquel que pudiera oponerse a las políticas de exterminio y empobrecimiento que se impondrían luego en nuestro país. Tucumán era un mal ejemplo de luchas populares y resistencia y por eso debía ser también el ejemplo del disciplinamiento.

La Justicia, con sus sentencias y su verdad, terminarán de forjar la memoria del terrorismo de Estado en Tucumán, estableciendo que el comienzo de éste se produjo un año antes que el Golpe de Estado con el Operativo Independencia.

MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA.

 

 

 

 

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