La Escuelita de Famailla
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La ausencia y el dolor de las víctimas se reflejaron en los alegatos

En Tucumán se montó la primera experiencia de terror estatal total. Fue un proyecto político y económico para disciplinar a un sector social, o bien perseguirlo y exterminarlo, usando un concepto flexible de “enemigo”, según la necesidad de los represores.

El juicio a 17 imputados por los crímenes cometidos por las fuerzas represivas durante el Operativo Independencia llega a su fin. Pasaron 409 testigos por la sala del Tribunal Oral Federal y se tomaron 22 declaraciones domiciliarias. Ellos y ellas contaron, por haber sido receptores directos o por ser sus familiares, las torturas y vejaciones a las que eran sometidos los detenidos en los centros clandestinos de Tucumán entre 1975 y 1976.

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Se mostraron más de 150 hábeas corpus pedidos por familiares de personas secuestradas, muchas de ellas aún desaparecidas, lo que demuestra que, justamente, habían sido detenidas y sus seres queridos no sabían dónde estaban, pero el Estado sí. Y lo ocultó, perpetuando así el padecimiento de los familiares durante más de 40 años.

“Los hijos de desaparecidos nos hemos enfrentado con un rompecabezas infinito. Hemos tratado de recuperar una imagen a la cual siempre le faltan piezas, por eso es imposible de armar. En eso consiste la ausencia para nosotros”, expuso en su presentación Pablo Gargiulo, quién actuó en representación de los casos de sus padres, Héctor Hugo Gargiulo y Carmen Gómez de Gargiulo, su tío Julio Martín, Maurice Jeger y Olga González, Jorge de la Cruz Agüero, Santiago Vicente y Graciela Achin.

Se presentó una cantidad abrumadora de pruebas documentales -nóminas del Ejército, manuales de aplicación, el diario de Acdel Vilas (a cargo del Operativo en su primera etapa), pericias directas, inspecciones oculares- además de las opiniones fundamentadas de expertos que estudiaron el período, durante el cual el terrorismo de Estado ensayó, en Tucumán y durante un gobierno constitucional, los métodos que después aplicó en toda la Argentina.

La conclusión se presenta casi por sí sola, pero igualmente, necesita explicación de quiénes, cuándo y cómo se perpetraron estos crímenes. Esa es la tarea que están llevando adelante los abogados querellantes y el Ministerio Público Fiscal en esta etapa final del juicio Operativo Independencia, en los que están acusados 17 imputados por torturas, secuestros, desaparición forzada de persona, allanamientos ilegales, violaciones sexuales, robo, asociación ilícita, ya sea como autores directos o indirectos, porque ellos eran los que daban las órdenes y sabían lo que estaba pasando.

“En los testimonios se reflejaron la ausencia y el dolor, muchos se quebraron cuando relataron lo que sufrieron. Pese a la cantidad de pruebas abrumadoras, los imputados mantienen su pacto de silencio”, dijo el fiscal Pablo Camuña en la apertura del alegato del Ministerio Público Fiscal, que agrupa a las 271 causas denunciadas en este juicio y está representada, además, por Julia Vitar y Agustín Chit.

En las primeras jornadas de alegatos expusieron, también, los querellantes particulares Liliana Molinari, por la causa de Margarita Cruz y, en representación de familias santiagueñas de víctimas del terrorismo de Estado previo a la dictadura, Inés Lugones, Pedro Orieta, Luis Santucho y Rodrigo Scrocchi. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvo encabezada por Pablo Gargiulo.

El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto Secreto 261/75, con el que se inició el “Operativo Independencia”, que bajo la excusa de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán”, inauguró la primera experiencia masiva y sistemática de violaciones a los derechos humanos en la Argentina.

El Operativo Independencia implicó la ocupación del territorio provincial por parte del Ejército Argentino, bajo cuyo control operacional se encontraban las policías federales, provinciales, la Gendarmería Nacional y los servicios penitenciarios. En el marco de ese dispositivo represivo, se instaló el primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del país conocido como “La Escuelita de Famaillá”.

Contra la teoría de la guerra

“No hubo defensa propia, ni de terceros. Actuaron contra víctimas desarmadas e indefensas. No han podido justificar sus acciones, al margen de que no puede haber excusa para secuestrar, torturar y violar”.

Con estas palabras fundamentó la querellante Molinari, su pedido de que los imputados por el secuestro y tormentos a Margarita Cruz sean castigados duramente.

Los querellantes fueron tomando distintos aspectos del plan represivo, para demostrar que no hubo una “guerra contra la subversión”, sino que los crímenes fueron parte de un plan sistemático, pensado y orquestado para aniquilar toda oposición, destinado a disciplinar y adoctrinar a toda la población, creando un enemigo en común, con el apoyo de la prensa, la Iglesia y grupos empresarios que querían deshacerse de los trabajadores “rebeldes”.

Todo esto conforma no sólo el delito de crímenes de lesa humanidad, sino el delito internacional de genocidio. Lo que querían era rediseñar la sociedad y exterminar a un grupo nacional, definido por los mismos represores, argumentó Molinari.

“Las fuerzas Armadas argentinas no dudaron nunca en reprimir y derramar sangre en beneficio de las clases dominantes, desde la Conquista del Desierto en adelante”, señaló Gargiulo. Citando a los especialistas Roberto Pucci y Silvia Nassif, dijo que “el verdadero objetivo del Operativo Independencia fue liquidar al movimiento obrero y su sindicalismo y al movimiento estudiantil “. Un ejemplo de ello es el asesinato de Hilda Guerrero de Molina, en una marcha contra el cierre de los ingenios, ocho años antes de la ocupación militar de Tucumán, bajo las balas de la policía.

“No es cierto que la violencia haya comenzado con la creación del PRT-ERP en 1968”, alegó Santucho, adelantándose a lo que seguramente será un argumento de los defensores de los imputados. La existencia de organizaciones armadas fue una excusa para desatar la represión que había empezado mucho antes, con los bombardeos a Plaza de Mayo o la masacre de la Patagonia Rebelde.

“Fueron los mismos grupos económicos y de poder (que apoyaron el golpe de Estado y el Operativo Independencia) los que perpetraron estos crímenes, contra una generación que se opuso a la opresión que venía sufriendo el pueblo”, dijo. Santucho disputó la versión de que la llamada “lucha contra la subversión” haya sido una guerra.

“Hablan de guerra y su accionar no se condice con la Convención de Ginebra. ¿Acaso en una guerra es justificable el robo de niños nacidos en cautiverio, los tormentos a adolescentes, las violaciones o la desaparición de personas?”, alegó. Por todo esto, Santucho pidió al tribunal que valore, a la hora de determinar una sentencia, que la desaparición es un delito que perpetúa el padecimiento de los familiares, un delito que no terminó hace 40 años, sino que se sigue produciendo.

“La Escuelita de Famaillá”

La ex escuela Diego de Rojas, conocida como “La Escuelita” de Famaillá” aparece, en decenas de testimonios, como el lugar donde eran sometidos a las más espantosas torturas hombres, mujeres y niños. En esas aulas y pasillos se perpetraron violaciones, tormentos con picana eléctrica, ahogamientos, golpes, simulacros de fusilamiento y hasta nacieron niños en cautiverio. A un hombre le aplastaron las piernas con un vehículo. A otro lo vieron con el cuerpo quemado, sin vida, tirado sobre una chapa. Otro, murió colgado de las muñecas. Una mujer sufrió torturas delante de su padre. El lugar era lo más parecido al infierno que uno pudiera imaginarse, dijeron los que pasaron por allí.

“La Escuelita” es hoy un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, el único del norte del país.

Los secuestrados pasaban hambre y no se les permitía higienizarse. Las mujeres eran víctimas de abusos sexuales de manera sistemática y los detenidos eran privados hasta de su identidad.

“Las formas de despersonalización no eran siempre las mismas. A veces a los detenidos los llamaban por números, otras veces ni los nombraban. Lo que sí era habitual en la ‘Escuelita de Famaillá’ era la tortura. Mujeres, hombres, jóvenes o ancianos pasaron por esa sala con una cama metálica conectada con cables eléctricos. La tortura era física y psicológica, con simulacros de fusilamiento, aislamiento, terror de muerte” explicó el abogado Rodrigo Scrocchi.

“Ahora estás en la ‘escuelita de los niños cantores”, le dijo uno de sus captores a un detenido durante un operativo en un casamiento en San Pablo, del que se llevaron a 16 personas. “Aquí, el que no canta, muere”, fue el remate de lo que consideraba un chiste.

Los testigos coincidieron en que las fuerzas represivas dividían sus tareas. Los secuestradores eran, casi siempre, policías de la provincia, en numerosos casos, al mando de Roberto Albornoz, otras veces, de policías locales como Miguel Angel Moreno, jefe de la comisaría de León Rougés, Ramón César Jodar, en la comisaría de Tafí Viejo, o Francisco Camilo Orce, en Los Ralos y Ranchillos, todos ellos imputados en esta causa. Los militares supervisaban las operaciones y daban las órdenes, como Jorge Omar Lazarte, teniente del Ejército, que actuaba como supervisor militar del D2 de la Policía de Tucumán. La Gendarmería estaba encargada de custodiar el predio.

Los torturadores pertenecían a una categoría aparte. Según reflejaron los testimonios, hablaban como cordobeses o porteños. Algunos tenían tonadas litoraleñas. Según contaron dos hermanos que vivían al frente de La Escuelita, cuya casa fue tomada como “parte de un servicio a la Patria” y la familia sometida a servidumbre y obligada a cocinar cuatro comidas al día para los represores, identificaban a los torturadores porque llegaban con las manos recién lavadas con merthiolate, como para limpiarse la sangre.

“Durante años, ese lugar de tortura, fue una escuela a la que iban niños. Eso también es parte del plan represivo”, señaló. “Es de destacar que ‘La Escuelita de Famaillá hoy es un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos”, expuso Scrocchi.

El plan represivo y la conformación de un genocidio

La elaboración del plan represivo y las acciones públicas necesarias para atemorizar o lograr apoyo de la población surge de los mismos documentos militares de la época. El diario de Vilas, para quien “la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo y no la más importante”, resultó una fuente casi inagotable para la comprensión del período, y por eso fue citado reiteradas veces por las querellas.

El plan represivo necesitaba una caracterización de un enemigo, líquida, flexible, maleable, en la que entraran todas las personas que se opusieran a sus intereses para luego aplicar métodos de tortura y represión a aquellos que entraran en la categoría. Los dos elementos anteriores llevan al tercero: la justificación del dictado de Estado de Excepción o Estado de Sitio, que suspendiera las garantías constitucionales, explicó Gargiulo.

Para lograrlo, era imprescindible contar con apoyo de la población, o al menos su silencio. Había que generar un clima de ebullición que hiciera necesaria la intervención de las fuerzas Armadas y represivas y que su tarea fuera vista como providencial. De los manuales y reglamentos de operación psicológica y militar con los que contaba el Ejército en ese entonces se caracteriza el uso de propaganda blanca, negra y gris, para aplicar como métodos de convencimiento de la sociedad.

“El rol de desinformación y propaganda de la prensa fue esencial para contribuir masivamente a ese clima de acción psicológica”, explicó Gargiulo, citando a especialistas que estudiaron la prensa de la época y que constan en la causa. Fue esencial el aporte de los medios hegemónicos y en el plano local, del diario La Gaceta, para legitimar el accionar militar”, consideró.

La caracterización de enemigo alcanzaba a todo aquel que amenazara los intereses que defendía, por ejemplo, Acdel Vilas. Ejemplo de ello fue la persecución a integrantes de la Federación Indígena, que llevaban a cabo reclamos por las tierras de sus ancestros, que fueron secuestrados torturados y sometidos a picana eléctrica. El reclamo había sido totalmente pacífico, pero igual era amenazante para los intereses de los terratenientes, cuyos intereses defendía Vilas en ese entonces.

“Tomé contacto con el obispo de Tucumán y también con el de Concepción. Era esencial el apoyo de la Iglesia católica para la moral de las tropas, y despejar cualquier idea de curas alineados a la ideología tercermundista. Fue esencial el apoyo de los capellanes, aproximadamente 400 movilizados “, se puede leer en el diario de Vilas. También el sociólogo Ariel Lede, en su estudio sobre el vicariato castrense, y que declaró como testigo de contexto al principio de este juicio, habló de la intención de darle un sentido místico a la represión. “Era una lucha por Dios y para Dios”, insistió Gargiulo .

Una historia que empezó 10 años antes

El plan represivo del Operativo Independencia no comenzó con el desembarco de más de 1.500 soldados, aviones, helicópteros y tanques, el 9 de febrero de 1975. Todos los testigos -los expertos, los sobrevivientes y sus familias- al hablar de lo sucedido en 1975, se remontan a las luchas de la FOTIA de principios de los 60, al cierre de los ingenios por parte de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1966, y a la pobreza y conflictividad social que creó; a las luchas obreras y estudiantiles de principios de los 70 y a la crisis política que había en todo el país como el comienzo de las intervenciones de las fuerzas represivas.

“El foco guerrillero que había en el monte fue una excusa, no la causa” del desembarco del Ejército y la Gendarmería en Tucumán, afirmó el fiscal Camuña. Una prueba de que la guerrilla no era el enemigo a vencer, sino el pueblo que luchaba por derechos sindicales, políticos o sociales es que la mayor parte de los secuestrados fueron obreros y estudiantes. Los obreros del surco, los empleados de fábricas como Grafanor, Norwinco, la citrícola San Miguel o los ingenios La Fronterita, Concepción, San Juan, y de las zonas obreras de Famaillá, Simoca, Bella Vista, San José, Tafí Viejo, San Pablo, Los Ralos, Ranchillos, entre otras, y los estudiantes que habían participado de los Tucumanazos tres años antes, o que tenían participación en centros de estudiantes, fueron las principales víctimas.

Las violaciones como método de tortura autónomo

La violencia sexual fue una constante, tanto en la zonas ocupadas militarmente, como en los centros clandestinos de detención, en las comisarías y en todo lugar donde estuvieran asentados o intervinieran las fuerzas represivas. Las mujeres fueron las principales víctimas, pero no las únicas, sólo que muchos varones no las denunciaron, por pudor.

“La categoría de violación sexual es un delito autónomo, no una forma más de tortura. Configura una dimensión específica del terror”, explicó Molinari.

La diferenciación de los delitos sexuales en contexto de terrorismo de Estado fue presentada por Susana Chiarotti, en el juicio Megacausa Arsenales II – Jefatura II, y se dio por incorporado su aporte experto en este juicio. Explicó en esa ocasión Chiarotti que la violencia con connotación sexual tuvo la finalidad de someter y degradar, y fue ejercida para dar el mensaje a la sociedad de que ser mujer y ser militante política o sindical iba a ser castigado de la peor manera.
No fueron casos aislados, sino que formaron parte del plan general de aniquilamiento y degradación.

MG fue secuestrada dos veces, llevada a la Jefatura y a La Escuelita de Famaillá, donde fue víctima de atroces tormentos y vejaciones. HLS, RC y otras mujeres relataron en el juicio que las violaciones eran cotidianas en La Escuelita. DGL fue violada durante toda una noche en la comisaría de San Pablo. Tenía 13 años cuando eso ocurrió. En Santa Lucía, muchas mujeres que eran llevadas a la base militar que había ocupado el pueblo también fueron víctimas de delitos sexuales, según fueron exponiendo los fiscales y los querellantes a lo largo de sus alegatos. En cada secuestro, los manoseos y amenazas de violación. La esposa de un desaparecido de Monteros contó que empezó a vestir a su hija como varón porque temor al abuso sexual por parte de militares o policías.

Los enfrentamientos fraguados

Mención aparte merecen los “enfrentamientos”, expuestos en la prensa como triunfos de los policías o militares que habían “abatido a extremistas”. En este juicio, y a lo largo de una cantidad abrumadora de testimonios consistentes y contrastados, va quedando claro que los supuestos guerrilleros abatidos fueron en realidad personas que habían sido secuestradas en mitad de la noche, de sus casas, llevadas a centros clandestinos de detención, sometidas a tormentos inimaginables, que luego eran puestos en escenas montadas en autos calcinados o en tiroteos inventados.

Los hermanos Juan Enrique Aranda y Francisco Armando Aranda, vistos por numerosas personas, con graves heridas, en la Escuelita de Famaillá, aparecieron poco después en un enfrentamiento fraguado. A José Desiderio Medina Gramajo le dispararon a metros de su casa, en El Rodeo, y luego su nombre apareció en La Gaceta como “guerrillero abatido”. Adan Leiva, Daniel Cantos Carrascosa, Abel Herrera y Hugo Macchi aparecieron en un auto calcinado, en Yerba Buena, luego de un supuesto enfrentamiento. Todos ellos habían sido vistos en el CCD Escuelita de Famaillá. “Fueron ejecutados extrajudicialmente, en una ejecución aviesa y cobarde, no muertos en un supuesto enfrentamiento”, aseguró el fiscal Camuña.

El Estado como maquinaria asesina

El desgranamiento los casos de las 271 víctimas de este juicio, pero que se entrecruzan con muchas más historias, a veces historias de pueblos enteros, como las colonias del ex ingenio Lules, o San José, o el Empalme de Ranchillos, o Manchalá, permite tener una dimensión acabada del horror. Pero, en parte, puede resumirse en las palabras del fiscal Camuña al comienzo de su alegato:

“Ahogar a una embarazada de 15 años en un tacho de agua o darle picana eléctrica en el vientre es un crimen aunque quien lo cometa piense que esa mujer es su enemiga o la enemiga de todos, aunque esté, en su mente, autorizado por un gobierno democrático; aunque en su mente sea una escena de guerra; aunque esa mujer haya tenido armas escondidas en el patio de su casa o sea una dirigente de una organización armada… Ningún motivo alcanza a justificar el acto: siempre, al cabo del parloteo exculpatorio, estará esa mujer embarazada siendo torturada en su vientre y siempre, un momento más tarde que la indignación y el horror, sentiremos la necesidad de que esa conducta reciba un justo castigo. Es que hay hechos que son de una textura tan atroz, que el escarnio y el repudio se emparentan ya con nosotros por la vía de la especie, de la humanidad. La atrocidad de estos crímenes es la misma así ocurran en 1943, 1975 o 2017, así ocurran en Treblinka, en la República Centroafricana, en Kosovo, en Colombia, en Sierra Leona o en un viejo ingenio desmontado en Santa Lucía, Departamento Monteros. Eso es el derecho de gentes. Con un agravante que todavía la lleva más allá de todo: Que esa escena forme parte de un escenario mayor, porque haya sido el resultado de una acción de agentes de un Estado convertido en una maquinaria asesina puesta en la clandestinidad, al margen de toda legalidad, oculta y organizada como un sistema de persecución y exterminio”.

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