La Escuelita de Famailla
Juicio Operativo Independencia

La experiencia del “testigo de concepto/contexto” en el juicio Operativo Independencia (I)

Santiago Garaño, doctor en Antropología, investigador Asistente del Conicet y profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, defendió su tesis doctoral sobre la experiencia de los soldados conscriptos enviados al “teatro de operaciones” del Operativo Independencia.

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El texto que escribió Garaño para nuestra página es un fragmento de un artículo para las Jornadas de Antropología Jurídica.

En el siguiente artículo, Santiago Garaño, se plantea qué lugar ocupa el conocimiento antropológico en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983). Para ello, reconstruye su participación como “testigo de contexto” en el marco del juicio oral y público “Operativo Independencia (I)”, en Tucumán, el primero que se inicia desde la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación, en diciembre de 2015.
El experto sostiene, desde la experiencia acumulada en el campo de la Antropología Política y Jurídica, que el saber antropológico puede colaborar tanto en la reconstrucción de la perspectiva de los actores con los que se trabaja (en su caso, ex soldados que cumplían el servicio militar obligatorio) así como en la lógica de los mundos que se investigan: la experiencia de los conscriptos en el “teatro de operaciones” del Operativo Independencia entre 1975 y 1977.

El conocimiento antropológico como parte de la búsqueda de memoria, verdad y justicia

Desde el retorno de la democracia, la lucha incesante de los organismos de derechos humanos se ha basado en la tríada Memoria, Verdad y Justicia. Ello, y los avances en la condena de criminales de Estado, han convertido a la experiencia argentina en un caso paradigmático a nivel internacional. Hubo interrupciones en el avance del juzgamiento de estos crímenes (especialmente durante la vigencia de las “leyes de impunidad” y los indultos), pero desde 2003 parece haberse sellado una opción favorable hacia la persecución penal de los responsables de crímenes de lesa humanidad, que ha generado una pluralidad de experiencia en el juzgamiento de este tipo de crímenes.  Dentro de ese conjunto de experiencias me interesa reflexionar sobre una nueva figura que ha ganado

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La imagen de los conscriptos como los héroes anónimos de una “guerra” fue utilizada una y otra vez por la revista Soldado Argentino.

presencia en estos juicios: el testigo de contexto. Para ello, me basaré en mi propia experiencia cuando fui citado a declarar en el juicio oral y público que se sigue en la causa “Operativo Independencia (primera parte)”, debido a la investigación que realicé para mi tesis doctoral sobre la experiencia de los soldados conscriptos en el sur tucumano, entre 1975 y 1976.  

No soy el primero en reflexionar sobre la relación entre Justicia y Ciencias Sociales, en este tipo de procesos donde se juzgan delitos cometidos durante la última dictadura argentina (1976-1983). A partir de su trabajo pionero desarrollado ante la Justicia Federal de Rosario en 2004, como historiadora en calidad de perito, Gabriela Águila destacó la importancia de la expertise téorico-metodológica del campo de la historia reciente para reconstruir las lógicas de la represión política a escala local y regional.

También desde el campo de la historia reciente, Lucía Abattista, Ana Barletta y Laura Lenci (2016) han reflexionado sobre su participación como testigos de concepto/contexto en distintos procesos judiciales seguidos en la ciudad de La Plata, y han destacado la especificidad del saber historiográfico para aportar a la comprensión más profunda de los procesos históricos y efectos del terrorismo de Estado.  

Por mi parte, contaba con la experiencia de colegas del Equipo de Antropología Política y Jurídica que fueron convocadas en calidad de peritos o testigo especialista en juicios por casos de violencia policial, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tribunales penales ordinarios.

Se trata de juicios que tienen características diferentes a los juicios por delitos de lesa humanidad, sin dudas esta experiencia del Equipo de investigación al que pertenezco desde 2004, ha marcado mi reflexión, especialmente, el argumento que vertebra estas páginas: que nuestro mayor aporte puede ser reconstruir las tramas burocráticas y sociales de la represión política.

Desde la experiencia acumulada por historiadores y antropólogos, considero que nuestra contribución más sustantiva a los distintos operadores judiciales puede ser producir un relato histórico sobre las formas de la violencia de Estado durante el pasado reciente, basado en las reglas del oficio de la investigación social y a partir de la dedicación exclusiva a la investigación durante periodos prolongados de tiempo.

Como he escrito este artículo “en tiempo real”, solo puedo dejar asentadas algunas preguntas en relación al contexto en que se desarrolla el juicio. La asunción en diciembre de 2016 como presidente de Mauricio Macri, candidato de la Alianza de derecha Cambiemos, para los organismos de derechos humanos podría poner en riesgo parte de estos avances, en particular, debido a los discursos negacionistas o que relativizan la magnitud del terrorismo de Estado, tanto por parte de dirigentes, funcionarios o personalidades afines al gobierno. 

Además, este juicio tiene la particularidad de juzgar crímenes cometidos durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón, lo cual supone considerar delitos contra la humanidad perpetrados durante un gobierno constitucional del mismo signo que el que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015.

La convocatoria como “testigo de contexto”

Hacia finales de abril de este año, me llegó un mensaje de texto urgente de Valentina Salvi, directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria, del IDES, espacio del que formo parte hace ya varios años. Le habían enviado una notificación del Ministerio Público Fiscal, firmada por el Fiscal Ad Hoc (de la Fiscalía General) ante el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Tucumán, en el marco del expediente 1.015/04 y causas acumuladas material y jurídicamente.

En la notificación, con carácter de “urgente”, solicitaba que se remitiera copia de mi tesis doctoral sobre la experiencia de los conscriptos enviados al “teatro de operaciones” del Operativo Independencia entre 1975 y 1977, y de un artículo publicado en el exterior, con el objeto de incorporarlos como “prueba en el debate oral” (“prueba suplementaria N° 48 MPF”) en la causa “Operativo Independencia, Primera Parte”, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Tucumán.  

Lo primero que hice fue llamar a la Fiscalía General y ponerme a su disposición. Sentí una mezcla de miedo y orgullo. Miedo, porque -pese a dedicarme a la antropología política y jurídica y a especializarme en temas de memoria, dictadura y Derechos Humanos- nunca había declarado en un juicio por delitos de lesa humanidad. Orgullo, porque se me hizo patente que podía aportar parte del conocimiento que había producido en el marco de mi tesis doctoral, basada en trabajo de campo y de archivo realizado entre 2009 y 2011, entrevistando a ex soldados que habían sido enviados al “teatro de operaciones” del Operativo Independencia, entre 1975 y 1977 y en documentos publicados en revistas militares, diarios y revistas sobre la relevancia de dicha acción militar.

Me reconfortó que tanto trabajo de investigación, que a veces se reduce a la presentación de ponencias en congresos o jornadas, papers o disertaciones, tuviera otro público, en este caso, un tribunal oral; y un marco tan significativo: un juicio oral y público donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad al golpe de Estado de 1976 en una de las provincias más golpeadas por la represión ilegal. El hecho de que mi tesis se convirtiera en prueba le daba otro sentido a ese trabajo académico: poder aportar una serie de historias, relatos y argumentos elaborados desde las ciencias sociales, para la construcción de una verdad jurídica sobre lo sucedido en Tucumán a mediados de los 70, y para hacer justicia ante tanto sufrimiento.

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El público puede asistir a las audiencias en el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

Al miedo y al orgullo se sumó un gran sentido de responsabilidad: mi tesis doctoral era uno de las pocas investigaciones que reconstruía las formas de la represión durante el Operativo Independencia. En ese sentido, el desafío era poder identificar los principales argumentos que planteo en mis trabajos escritos en base a la investigación doctoral.

 

No sólo era una responsabilidad académica, sino que tenía un sentido ético: poder transmitir el sufrimiento que vivieron mis entrevistados. Aún hoy me impacta el hecho de que la mayoría de mis entrevistados consideraran que “no estaban preparados” para afrontar una conscripción donde existía el riesgo de morir y matar en el teatro de operaciones del sur tucumano y que estaban absolutamente sometidos al poder militar. Ellos experimentaron el terrorismo de Estado en sus propios cuerpos y mentes, en una experiencia límite que todavía les duele y les ha dejado huellas psíquicas y físicas. Y me lo han transmitido con un dramatismo del cual he tratado de dar cuenta en mi tesis doctoral.  

Para todos, el servicio militar marcó un antes y un después: una experiencia inédita que se había vuelto un ritual muy peligroso, donde se corrían riesgos más terribles que en los años previos: el miedo a morir en un enfrentamiento; la posibilidad de emboscarse entre compañeros; la epistemología de la sospecha; y la sistemática desaparición de compañeros de conscripción. Recuerdo la angustiacon la que uno de ellos me contó que casi mata a otro soldado, en una emboscada en la que dos grupos de soldados, sumidos en el clima de terror del sur tucumano, terminaron disparándose entre sí.

Cuando me avisaron que podía declarar por videoconferencia desde el Consejo dela Magistratura, sentí cierto alivio pues la lejanía y la mediación tecnológica me permitían una cierta toma de distancia que me ayudó a despejar ciertos temores sobre la escena y el ritual judicial, que siempre tienen algo de ajeno, debido a las reglas de etiqueta y los rituales juridiciales, pero también ese halo sagrado e intimidante de la escena judicial.

A diferencia de las anteriores “megacausas”, el decimosegundo juicio quese desarrolla en la provincia no se ha organizado en función de un centro clandestino de detención sino por un período de tiempo (se investigan los crímenes cometidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1975, es decir, entre febrero de 1976 y marzo de 1976).

Además de haberme interiorizado en el desarrollo del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Tucumán, traté de “prepararme” para enfrentar el ritual judicial que supone una audiencia de un juicio oral.  Con ese fin, si bien nunca me aboqué a estudiar el mundo judicial, sí había leído mucho sobre sus rituales, rutinas, prácticas y procedimientos, a partir de mi participación en el Equipo de Antropología Política y Jurídica y en el sistemático dictado de cursos de grado y postgrado sobre la temática. Pude averiguar que la causa judicial ha reunido la mayor cantidad de víctimas (271), por lo que se previó una duración aproximada de -al menos- un año, por la cantidad de casos y actores intervinientes. En el caso del juicio oral y público de este caso, previamente y gracias a una colega que está haciendo su etnografía sobre el juicio, pude identificar a los principales actores sociales que formaban parte de la audiencia: los 19 imputados, querellantes, testigos (muchos de ellos, testigos-víctima), el público y los “agentes profesionalizados, es decir, los fiscales, los defensores, los jueces y los secretarios del juzgado.

Una serie actores novedosos se fueron incorporando a la esfera judicialdesde la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos: Fiscalìa ad hoc, las querellas de organizaciones de derechos humanos, el cuerpo de abogados de la Secretarìa de Derechos Humanos de la Nación, el uso de la tecnología y, por último, la figura sobre la que voy a centrar este trabajo: el testigo de contexto/concepto, aquel especialista -generalmente de las ciencias sociales- que es presentado en calidad de testigo y cuyo aporte es tomado como prueba testimonial.

La preparación del testimonio

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Un capellán del Ejército da la bendición a los soldados que “están por entrar en batalla”, según una publicación de 1975 de la revista “Gente”.

Conocer el mapa de actores y haber leído la tesis de Julia Vitar sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Tucumán fue clave también para identificar los principales argumentos de mi testimonio. Que no había habido “guerra” sino que en el “teatro de operaciones” del sur tucumano se había hecho una puesta en escena de una guerra, que había ocultado la implementación de un sistema de desaparición forzada de personas, basada en una “cultura de terror” y un “espacio de muerte” (Taussig, 2006), en fundar un “estado de excepción” (Agamben, 2001 y 2004).  

A la hora de preparar mi testimonio busqué realizar una operación típicamente antropológica, pero sin caer en la jerga de mi campo ni en largas digresiones disciplinares. En cambio, busqué reconstruir la lógica del mundo de los conscriptos enviados al sur tucumano, volverla inteligible “en los propios términos” y “desde la perspectiva” de los ex conscriptos, para el tribunal oral y el público, retomando las enseñanzas metodológicas que van desde Clifford Geertz a Rosana Guber.

En este caso, como aprendí de la mano de mis colegas del Equipo de Antropología Política y Jurídica, hacer etnografía implicaba reconstruir la lógica de la conscripción en los tiempos del Operativo Independencia, y cómo este marco de represión ilegal, había alterado las prácticas, rutinas, valores que habían organizado el paso por el servicio militar obligatorio desde su creación a principios del siglo XX. Y, luego, poder traducirla y explicarla para una audiencia que no la conocía de primera mano.  Sin lugar a dudas, el desafío que me impuse fue encontrar un equilibrio entre adaptar el discurso y el lenguaje para que pueda ser comprendido por el tribunal oral, pero sin perder la legitimidad del experto, ya que había sido convocado en función de ese saber disciplinar.

De todas maneras, partía de una gran incertidumbre: no sabía qué condiciones de escucha podía tener mi testimonio como antropólogo, en el juicio o debate oral, donde -según las normas procesales- se produce la declaración valedera a los efectos probatorios (a diferencia de las prestadas en otras instancias como la fase de instrucción, la etapa de investigación).  Retomando la experiencia acumulada por el Equipo de Antropología Política y Jurídica, se me hizo patente la importancia de que, para situarnos como actores autorizados -y requeridos- en el mundo judicial, antes que una mirada distante y exotizante, “es la capacidad de re-narrar, de volver a representar el hecho que nos ocupa en lenguaje etnográfico, lo que nos habilita en el oficio para que los actores nos acepten como interlocutores, capaces de explicar otra versión de la misma historia”. En ese sentido, si estaba interesado en que el tribunal comprendiera mi relato etnográfico debía no solo hacerlo inteligible y comprensible para los jurídico-hablantes, sino dotarlo de una densidad histórica necesaria como para conmoverlos y convencerlos, pero sin perder mi perspectiva disciplinar.

Con ese fin, durante una semana, suspendí todas mis actividades laborales y me dediqué a releer la tesis doctoral y los trabajos que escribí sobre el tema. También, hablé con otros cientistas sociales que habían declarado en juicios de este tipo, o que trabajan acompañando testigos, y ví declaraciones de mi directora de tesis, Sofía Tiscornia, en el caso de las cadenas perpetuas a menores, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Conocer la lógica del mundo judicial y tribunalicio, gracias a mi pertenencia al Equipo de Antropología Política y Jurídica desde 2004, me dio algunas herramientas a la hora de enfrentar un juicio oral y público.

Otros colegas me había alertado que, frente a cuestiones que no había abordado en mi tesis, podía responder que “no me consta”, que “no recordaba”, “no sé” “puede ser”, y me habían recomendado hacer respuestas breves y contundentes. Busqué los argumentos más potentes; estudié los ejes principales de mis trabajos: refiné los conceptos para que sean entendibles para una audiencia no académica; conversé con muchos colegas; ensayé en mi casa durante horas y horas mi planteo; y me preparé mental y emocionalmente para encarar la declaración, que iba a ser una de las primeras en el marco del juicio por los delitos cometidos durante 1975, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y, luego de una semana, llegó la hora de ir a declarar: eran las 13 del 19 de mayo de 2016, iba a tomar el colectivo rumbo al Consejo de la Magistratura, cuando recibí un llamado del Tribunal que me anunciaba que se suspendía la audiencia por “problemas técnicos”… Sentí cierto alivio, como cuando a uno le postergaan un examen en la facultad. También me dio cierta tranquilidad el hecho de que durante esa semana había logrado ordenar mis ideas y refinar los argumentos, y ya me sentía internamente preparado. Guardé mis anotaciones y papeles, salí a hacer actividad física y descargar la tensión y los nervios: era cuestión de esperar unos 15 días, pero ya sabía qué iba a decir…


La audiencia

Dos semanas después, el 2 de junio llegó el día de declarar. Mi padre me acompañó a la zona de Tribunales, donde funciona el área de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. Una secretaria de esa dependencia me acompañó a la Sala donde se hacen la videoconferencia en este tipo de juicios. Es una sala pequeña, donde una Secretaria del Consejo, no sólo acompaña a los testigos, sino que una secretaria certifica la validez de la declaración. A su vez, ella fue quien recibió las copias digitales de la tesis y del artículo que habían solicitado desde el Ministerio Público Fiscal, meses atrás.

Luego pude saber que, con anterioridad a mí,  habían declarado otros testigos de concepto, y que parte de la decisión de los Fiscales había sido iniciar este juicio con declaraciones que pudieran explicar el contexto represivo más amplio, y no centrarse en casos individuales. En el televisor, la pantalla estaba partida: por un lado, la imagen del tribunal, conformado por tres miembros, en vivo desde la provincia de Tucumán; por otro lado, en imágenes más pequeñas “el cuarto juez” (o “juez sustituto), y distintos represores acusados de delitos cometidos en el Operativo Independencia, desde su lugares de detención, cumpliendo condenas en otras causas judiciales. Ya me habían comentado que los represores podían hacer preguntas desde los lugares de detención, luego del interrogatorio a cargo del Fiscal, debido a que no tenían a su abogado con ellos. Si bien me parecía una situación muy tensionante, también estaba preparado y sabía que eso podía pasar…

Con posterioridad a un “cuarto intermedio” de 15 minutos “para optimizar la transmisión” por el sistema de videoconferencia, se reanudó la audiencia. Luego de saludarme, el presidente del tribunal, eljuez Gabriel Casas, me tomó juramento:

Juez: ¿Le comprenden las generales de la Ley? Es decir, ¿tiene algún impedimento para declarar? ¿Es amigo, enemigo, acreedor o deudor de alguno de los imputados?

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Este tipo de imágenes, en las que se ve a los jóvenes soldados preparados “para ir al frente”, ayudaban a construir la escena de que se vivía una guerra.

Santiago: No, contesté.

Juez: ¿Tiene claro los artículos del Código Penal que obligan a ser veraz en su declaración en juicio penal, bajo apercibimiento?”.

Santiago: Sí.

Una vez tomado el juramento, me informó que en primer lugar el Fiscal de la causa, Dr. Pablo Camuña, me iba a realizar algunas preguntas. Luego de saludarme, el Fiscal me preguntó por mi formación de grado y postgrado y mi ocupación actual, seguramente con el fin de legitimar mi rol como experto en el tema sobre el que iba a declarar. Respondí que soy Licenciado y Doctor en el área de Antropología, y agregué que defendí mi tesis doctoral sobre la experiencia de los soldados conscriptos enviados al “teatro de operaciones” del Operativo Independencia, en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 2012; aclaré que aún no ha sido publicada. Luego, expuse mis credenciales académicas: actualmente soy Investigador Asistente del Conicet; integro desde 2004, el Equipo de Antropología Política y Jurídica, y soy Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.  

A partir de ese momento, durante poco más de una hora, a lo largo de las preguntas del Fiscal, intenté sintetizar los principales argumentos de mi tesis, que – destaqué- se divide en dos partes. Expliqué que, en la Parte I, titulada“Cuarteles”, analizo cómo ese contexto de represión política durante el Operativo Independencia alteró la lógica de funcionamiento del servicio militar obligatorio, una institución que por esos años era casi centenaria. En la Parte II, titulada “El monte”, se habla de la experiencia de los soldados en el sur tucumano, a partir de febrero de 1975. Destaque que mi tesis se centró específicamente en las puestas en escena o, en términos militares, las “tareas de acción psicológica”, es decir, formas elaboradas por las Fuerzas Armadas para producir consenso y adhesión en torno a su accionar militar.

La conscripción en los tiempos del Operativo Independencia el “monte” como teatro

Luego, el fiscal me preguntó: “¿Cómo fue hacer el servicio militar obligatorio en tiempos del Operativo Independencia?”. Entonces, argumenté que una de las principales preguntas de mi tesis fue por qué, a partir de febrero de 1975, las autoridades militares construyeron al monte tucumano -un espacio relativamente periférico o marginal en la escena nacional- como el centro de la estrategia represiva. Y, en ese sentido, sostuve que el Operativo Independencia tuvo dos facetas. Por un lado, una faceta que se ocultó. Retomando a Pilar Calveiro, destaqué que fue en el sur tucumano el espacio donde se implementó por primera vez de manera masiva un sistema institucional de desaparición forzada de personas y donde se inauguraron los primeros centros clandestinos de detención.

A continuación, reiteré que mi tesis se centra en los aspectos que se mostraron de la represión en el sur tucumano, es decir, en la otra faceta del Operativo: las “tareas de acción psicológica”. Luego hice una digresión sobre el concepto de “teatro de operaciones” y planteé que, si bien el término forma parte de la terminología militar clásica, el uso de una metáfora o analogía dramática de la vida social (pensar el monte tucumano como ‘teatro’) me llevó a reflexionar sobre un aspecto central del poder represión: su dimensión expresiva y sus puestas en escena.

El uso de ese concepto  me llevó a pensar qué puestas en escena se hicieron ese “teatro”. En esta línea, consideré que el sur tucumano se convirtió para el Ejército Argentino en un ‘teatro’ apto para dramatizar que allí se libraba una “guerra” y que para ello se valieron de unas imágenes muy caras y sentidas para el imaginario bélico y nacionalista. Destaqué que uno de los tópicos de esas tareas de “acción psicológica” fue mostrar que los protagonistas de esta supuesta “guerra” eran los soldados conscriptos, como si ellos fueran los representantes de todo el “pueblo argentino”. Y, por otro lado, y gracias al concepto de “Operativo Independencia”, se buscó crear una continuidad entre este Operativo y la “gesta de la Independencia”. Aclaré que ese nombre no surge el febrero de 1975, sino que es posterior, de septiembre de 1975, retomando el trabajo del investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, Roberto Pucci (2007).

“Esas son dos de las puestas en escena o tópicos más potentes que se hicieron en el sur tucumano”, sinteticé.

La declaración, de más de una hora, discurrió luego por distintos tópicos, como la experiencia de los soldados, 

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El “monte” tucumano, visto desde un helicóptero.

a partir de las lecturas de publicaciones como la revista “Soldado Argentino”, desde los que se buscaba alentar a los conscriptos a “dar la vida por la Patria”  se los presentaba como protagonistas de una guerra, pese a que, según lo que dijeron en las entrevistas, “no estaban preparados” para la posibilidad de morir; que les daba terror ir almonte tucumano; que fueron obligados, es decir, que no tenían a la posibilidad de negarse a ir a esas misiones que duraban 45 días y que muchos eran tratados como sospechosos de ser “subversivos”. Ser tucumano, ser joven o haber pasado por la universidad eran motivos de sospechas.

También planteé mi hipótesis de que el “monte tucumano” no era solamente un paisaje natural sino que fue un espacio activamente producido por estas puestas en escena. Para la creación de esa ‘cultura del terror’, y fue fundamental la producción de rumores y de mitos, como el de que la guerrilla tenía un helicóptero, desarmable, que se guardaba en bolsas, y que les permitía realizar tareas de aprovisionamiento. También hablé, a pedido del fiscal Pablo Camuña, del concepto de la “espectacularización del terror”, lógica según la cual, al mismo tiempo que se oculta, en los centros clandestinos de detención se muestra, o se escenifica, en el control poblacional, en los fuertes operativos de detención, en la aparición de cuerpos tanto en la vía pública, o tirados en el monte.

Destaqué que las puestas en escena del poder militar tuvieron distintas audiencias, no sólo, los soldados y la población del sur tucumano, que vieron en carne propia esa violencia; sino fue la sociedad argentina. Las visitas de periodistas enviados a la zona de operaciones en noviembre de 1975 fueron parte de “un gran operativo de propaganda”, donde se buscó construir un relato sobre lo que estaba sucediendo en ese Operativo: se construyó la idea de un lugar muy adverso; que los protagonistas eran los soldados conscriptos; que había un enemigo muy peligroso; y que ahí se libraba una “batalla central” contra la guerrilla.

Preguntas y repreguntas de los defensores y del imputado

Una vez respondidas todas las preguntas de la Fiscalía, el presidente del tribunal habilitó a los abogados a hacer preguntas. El defensor oficial Edgardo Adolfo Bertini, uno de los tres miembros de la “defensa pública”, fue el primero que tomó la palabra, para pedir que explique a cuántos conscriptos había entrevistado, y qué porcentaje representaba ese número de entrevistados sobre el total de conscriptos que hubo en esa época; también si había entrevistado a miembros de Fuerzas de Seguridad o Armadas que hayan estado vinculados con delitos de lesa humanidad.

El defensor particular Facundo Maggio, me preguntó si conocía sobre reglamentos militares, si conocía quiénes eran las personas que habían dado nombres a cuatro pueblos del sur tucumanos (Soldado Maldonado, Teniente Berdina, Sargento Moya y Capitán Cáceres) y que fueron “construidas como víctimas de la guerrilla”, si sabía qué sanciones les cabían a quienes no cumplían órdenes y si conocía las declaraciones de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón durante su visita a Tucumán en 1975.

Luego, el defensor Mario Leiva preguntó si alguno de los soldados entrevistados manifestó contra quién peleaban, quién era el enemigo.

El momento más tenso se produjo cuando intervino el imputado Jorge Lazarte, por videoconferencia, desde el penal

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La “escena judicial” se compone de diversos actores: jueces, secretarios, querellantes, el fiscal y los defensores de los imputados. El testigo se sienta en el medio de la sala, con el público a sus espaldas, mirando a los jueces.

de Marcos Paz, quien preguntó: “¿sabe el testigo cuál es la génesis de la guerra que se libró en la provincia de Tucumán y cómo se llegó a esa guerra?”

  • Presidente del tribunal: No, no, es un especialista… ¿Ha entendido la pregunta?
  • Santiago: Sí, mire yo quiero hace una aclaración sobre las reglas que atienen a mi disciplina. Yo soy un investigador, especialista en historia reciente. Para poder hacer esta tesis, conté con dos becas del Conicet, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que son becas que se obtienen mediante un concurso nacional, muy selectivo, y esa tesis fue aprobada. Con base a esa tesis, publiqué artículos, que también fueron sometidas a doble referato. Entonces (…)  mis hipótesis  son discutibles, en sentido de que se puede estar de acuerdo o no, pero el campo de la investigación tiene reglas de producción de conocimiento. Lo que yo digo ha sido sometido a múltiples instancias de evaluación, tanto por quienes han evaluador mi tesis como las becas, (…) como en los artículos. En relación a la pregunta, lo que yo le puedo responder es que el Operativo se inició en cumplimiento de un decreto; que ya había habido operativos previos en el año 74, que habían estado a cargo sobre todo de la Policía Federal, y en el 75, el 9 de febrero, se inicia por un decreto presidencial…
  • Lazarte: No responde a lo que yo pregunto…
  • Presidente del tribunal: Bueno, ésa es su evaluación… ¿Alguna pregunta? De todas maneras, una génesis formal dio….
  • Lazarte: Lo que coloca es el origen, la matriz del problema que se iba a … porque de lo contrario, estamos haciendo un relato que ya han aparecido en 5 mil libros que relatan lo que ha sucedido en ese nefasto período de la guerra revolucionaria en Argentina. Esto es lo que quería decir…

Para cerrar

Sin lugar a dudas, el cierre de mi declaración estuvo marcada por la tensión que viví debido a la hostilidad de las preguntas de los abogados defensores y de uno de los imputados (que luego supe que tenía un rol central en el aparato de inteligencia montado durante el Operativo Independencia). Sin embargo, lo que me quedó claro fue el rechazo que despertó en la Defensa de los acusados, mi concepto de que en el sur tucumano se había montado un “teatro”. Esto muestra cómo en estos juicios se dirimen no sólo la verdad jurídica sino también la búsqueda de imponer un relato legítimo sobre la historia reciente, que sea socialmente aceptado. Y, en este sentido, mi declaración fue muy perturbadora para aquellos que sostienen que en el sur de Tucumán se libró una “guerra”.

De todas maneras, no sé qué efectos jurídicos tendrá esta declaración como testigo de contexto. En lo personal, tuvo una dimensión que puedo llamar ‘reparadora’. Me explico: desde el año 2008 que me dedico full time a hacer investigación y docencia universitaria, a escribir y a pensar, siempre con apoyo del Conicet. Y, a veces, uno duda cuánto la investigación tiene un sentido social, político, ético, desde el sistema de ciencia y técnica que nos vuelve esclavos de las publicaciones con doble referato y en revistas indexadas.

Luego de declarar, sentí que haber trabajado tantos años en una tesis doctoral ahora tenía “otro sentido”, otro valor, otro impacto, y otros usos inesperados, que me reconfortaban y me vuelven a reconectar con la importancia de la tarea emprendida.

Por otro lado, me abrió una nueva serie de preguntas de investigación, porque vislumbré la importancia de seguir dedicándonos a la reconstrucción etnográfica e histórica del terrorismo de Estado, durante el pasado reciente. En particular porque en el caso del Operativo Independencia aún resta hacer una cartografía de las formas de represión social y política desplegadas en el sur tucumano. A ello me abocaré los próximos años porque creo que el mayor potencial de las Ciencias Sociales puede ser aportar una nueva manera de mirar la represión estatal que esperemos pueda servir para dar una nueva mirada en uno de los ámbitos hegemónicos para la construcción de una verdad sobre lo sucedido en el pasado reciente dictatorial: la justicia donde se juzgan los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En este sentido, creo que contamos en las causas judiciales con un material documental y testimonial valioso para reconstruir ese pasado, material que muchos de nosotros hemos consultado, como investigadores, peritos o incluso como integrantes del Poder Judicial.  Sin embargo, por momentos siento que una “lectura jurídica” no alcanza para extraer todo el rico material que estas causas tienen a la hora de interpretar el pasado reciente.  Por lo tanto, creo haber mostrado que desde las Ciencias Sociales se puede ampliar el registro de preguntas y complejizar la reconstrucción de un pasado sobre el que aún falta tanto por reconstruir. Sobre todo, saliendo de las discusiones meramente jurídicas sobre cómo tipificar los delitos cometidos (¿cabe o no los crímenes en el concepto de genocidio?).  En cambio, podemos colaborar en la reflexión sobre las condiciones de surgimiento, así como las tramas sociales sobre las que se asentó el terrorismo de Estado.

Lo cierto es que, si algo hemos aprendido a lo largo de estos años de investigación entre abogados y funcionarios judiciales, es que el lenguaje jurídico ejerce una suerte de fascinación sobre los antropólogos que trabajamos en ese mundo (Sarrabayrouse Oliveira, 2009). Esto hace que en muchas ocasiones comencemos a hablar en “jurídico” (Tiscornia, 2011), olvidando que parte de nuestra tarea es poder distanciarnos de ese lenguaje –una vez que hemos logrado acercarnos- para poder explicar qué suponen y significan todas esas categorías, pero no para convertirnos en meros traductores de expedientes judiciales, sino para poder reconstruir prácticas, lógicas burocráticas y relaciones entre grupos, fenómenos estos que se encuentran velados tras ese abigarrado lenguaje y esas formas excesivamente reglamentadas que caracterizan al mundo judicial.

Ser convocado en calidad de experto tampoco implicaba hacer gala de discusiones meramente disciplinares. Ello así porque de acuerdo de los contextos -en este caso, un juicio oral- y pensando en la audiencia sobre la que se busca incidir -el tribunal-, uno debe adaptar el lenguaje (sin dejar el lugar de experto) e incorporar términos que ayuden a establecer un diálogo fértil con el mundo jurídico. Como no sabía si el saber antropológico estaba legitimado en el tribunal oral tucumano ni si los actores estaban dispuestos a incorporar esa perspectiva, traté de no retomar mis planteos más antropológicos ni utilizar conceptos típicamente disciplinaresm como el de reciprocidad, sacrificio, y ritual (que uso en mi tesis doctoral).

La lectura de la etnografía de James Clifford (2001) basada en una observación del juicio sobre lo que llama un “caso fronterizo”, me había enseñado que el estrado judicial no era el espacio para la sutileza y los matices, sino que los abogados defensores y los jueces podían presionarme para que diera opiniones inequívocas y claras. Por un lado, sabía que podía ser descalificada la calidad ‘científica’ del conocimiento producido por la antropología (siempre tendiente a relativizar). Y, por el otro, tenía que evitar lo que le sucedió a aquel antropólogo al que se refiere Clifford, cuando las categorías disciplinares “rebotaron extrañamente por la sala de la Corte”, sobre todo, debido a la falta de definiciones rigurosas y aceptadas por toda la comunidad de conceptos clave.

En síntesis, considero que nuestro aporte es buscar un lenguaje propio y distintivo para las Ciencias Sociales, es decir, que no tenemos que hablar en “jurídico” o “en jerga militante” de los Derechos Humanos para ser comprendidos por esos mundos. Es decir, que podemos ser escuchados, si hablamos desde nuestro propio lugar de enunciación, como científicos sociales, y hacemos lo mejor que podemos hacer: reconstrucciones minuciosas que construyen problemas y complejizan discusiones que nos ayudan a entender cómo fue posible el ejercicio de formas tan extrema de represión estatal. Es decir, creo que el desafío es seguir escribiendo etnografías de ese pasado reciente, que nos permitan desentrañar la lógica de la represión política en el pasado reciente, para denunciarla e impugnarla, y que ese relato tenga la densidad necesaria para conmover y convencer no solo a los jueces sino a la sociedad tucumana y argentina.

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