La Escuelita de Famailla
Día Internacional del Desaparecido Fechas importantes

La memoria de las personas desaparecidas vive en todes

El 30 de agosto fue establecido por la ONU como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los crímenes de la dictadura, en Argentina, fueron perpetrados masivamente por un Estado terrorista, que ocupó el poder entre 1975 y 1983.   

Decenas de miles de personas en Argentina fueron secuestradas en el marco del terrorismo de Estado. Algunas fueron encontradas en enterramientos clandestinos o en las costas del Río de la Plata. Otras fueron asesinadas y sus cuerpos puestos en escenas que aparentaban ser enfrentamientos, aunque habían estado en centros clandestinos de detención.  Muchas otras, al ser nombradas en los juicios contra los represores, tienen junto a su identificación personal, la frase «hasta la fecha, continúa desaparecido».

Los testimonios de las víctimas de desaparición forzada que pudieron liberarse de la captura son el pilar más importante en la búsqueda de verdad y de justicia para las familias de quienes continúan desaparecides. 

La cifra de 30.000 desaparecidos que consignan los organismos de derechos humanos parece quedarse corta ante la admisión de los propios perpetradores.  «Nadie sabe exactamente cuantas personas fueron detenidas-desaparecidas y cuantas fueron asesinadas, por las fuerzas armadas o la Triple A, en Argentina. Las listas que tenemos de detenidos-desaparecidos llegan a alrededor de los 10.000 nombres. Sin embargo, éstas fueron confeccionadas en base a las denuncias recibidas por la Conadep y los organismos de derechos humanos y no incluyen los múltiples casos en que nadie pudo o quiso hacer una denuncia. Ya para 1978, los propios militares estimaban que 22.000 personas ya habían sido ‘chupadas’. Se estima que el número total es mayor, pero hasta que los propios militares entreguen las listas completas de detenidos-desaparecidos nunca sabremos la cifra exacta», consigna en su página web el sitio del «Proyecto Desaparecidos«, que trabaja para configurar listas de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.

En el caso de Tucumán, cientos de testimonios ofrecidos por personas que estuvieron secuestradas y sobrevivieron al terrorismo de Estado permitieron conocer los mecanismos que usó la dictadura cívico militar para la desaparición forzada de militantes sindicales, estudiantes, opositores o de la población en general. Solamente en el juicio por los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia testimoniaron más de 400 personas, entre sobrevivientes y familiares de quienes continúan desaparecidos. Por el centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio «La Escuelita de Famaillá», hoy Espacio para la Memoria,  se calcula que pasaron entre 2.500 y 3.000 personas, en calidad de detenidas desaparecidas. 

Hoy, como hace 40 años, la desaparición forzada se sigue usando como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. «La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad», dice el texto con el que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la necesidad de establecer un día para concientizar acerca de este crimen, que se ha convertido en un problema mundial.

Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación, dice la ONU, el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209 , y a partir de una iniciativa de Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Esa conmemoración empezó a observarse el 30 de agosto de 2011.  

Actualmente, la desaparición forzada continúa siendo un problema mundial, pero especialmente en Latinoamérica, donde -ya no en manos de las dictaduras, pero ante la mirada impotente o impasible de los gobiernos- es donde más se ve reflejada. 

México es considerado el país iberoamericano con más casos por desaparición forzada, y uno de los más afectados mundialmente. Según fuentes oficiales, cerca de 25.000 personas en el país sufren este tipo de desaparición o están en paradero desconocido desde 2007. Un ejemplo de ello es el caso de loss 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Chile es también uno de los países iberoamericanos con más casos de desapariciones forzadas, ya que fue una táctica usada para perseguir a opositores tras el golpe militar de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, para derrocar a Salvador Allende. 

En Colombia se han contabilizado hasta fecha de 2015 un total de 45.630 víctimas de desaparición forzada de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Es por eso que esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, también, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades. 

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