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En el 70 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, celebramos también los 35 años de la restauración de la democracia en Argentina

El 10 de diciembre es, en todo el mundo, el Día de los Derechos Humanos. Para los argentinos, es el día en que vieron asumir un presidente elegido en las urnas, luego de siete años de una dictadura sangrienta e ilegal. En una jornada como esta, hace 35 años, asumió la Presidencia de la República Raúl Alfonsín
Para conmemorar este acontecimiento histórico, en noviembre de 2007, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley 26.323, también llamada Ley de Restauración de la Democracia. El texto de la ley dice: “Declárese ‘Día de la Restauración de la Democracia’, el 10 de diciembre, el que será celebrado en todo el ámbito del territorio nacional, mediante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social”.
La jornada argentina coincide con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marcó un hito en la historia reciente de la humanidad y fue elaborado por representantes con diferentes antecedentes jurídicos y culturales de todas las regiones del globo.
La declaración, firmada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en París (tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial), estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo y fue traducida a más de 500 idiomas.

Las 56 naciones que en ese momento integraban la ONU votaron a favor del documento, y sólo Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abstuvieron.
Entre otras cosas, el documento de 30 artículos sostiene el “estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”, al tiempo que establece que “la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia” y describe la familia como “la unidad grupal natural y fundamental de la sociedad”.
En el preámbulo, la Declaración Universal insta a que quienes adhieran “promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

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