La Escuelita de Famailla
Operativo Independencia

A 43 años del inicio del Operativo Independencia, la memoria sigue viva

El 9 de febrero de 1975, el sur de la provincia fue ocupado militarmente por fuerzas del Ejército, de Gendarmería y de la Policía Federal.

Por Valeria Totongi

Miles de hombres y mujeres fueron secuestrados, torturados y asesinados en centros clandestinos de detención como La Escuelita de Famaillá. Cientos siguen desaparecidos. Por ellos seguimos reclamando memoria, verdad, justicia.

Escuetas y desangeladas, como corresponde a todo documento gubernamental, fueron 345 palabras -desde VISTO hasta ARCHÍVESE-, distribuidas en 12 párrafos, que desataron sobre Tucumán la furia genocida del terrorismo de Estado como nunca antes se había visto en la Argentina moderna. El decreto N° 261/75, firmado el 5 de febrero de 1975 por María Estela Martínez de Perón, ordenó el desembarco de tropas para  “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

Un 9 de febrero, hace 43 años, 1.500  efectivos, distribuidos en cuatro fuerzas de tareas del Ejército, dos escuadrones de Gendarmería Nacional y una Guardia de Infantería de la Policía Federal, se desplegaron en el territorio del sur tucumano comprendido en los departamentos de Lules, Famaillá y Monteros, y sus fronteras hacia el norte, sur, este y oeste. Le llamaron a esta ocupación militar Operación Independencia u Operativo Independencia.

Se trataba de una fuerza considerable para un territorio de 427 kilómetros cuadrados, que según el censo de 1970 contaba con unas 53.000 personas, de acuerdo con datos del Indec, consignados en el trabajo “Las prácticas sociales genocidas en el Operativo Independencia en Famaillá, Tucumán“, de los investigadores Margarita Cruz Ana Sofía Jemio, Ezequiel Monteros y Alejandra Pisani.

Con la excusa de combatir a la guerrilla, se hicieron cotidianas las detenciones en mitad de la noche, los allanamientos y destrozos en las casas de familias obreras, los secuestros y traslados a cárceles clandestinas. Allí se torturaba a los apresados -para obtener información o para causar pavor al resto de la población- a veces incluso bajo supervisión médica para probar los límites físicos ante el dolor, los abusos sexuales y las prácticas de intimidación y persecución. Miles de ciudadanos y ciudadanas, la mayoría de ellos obrerxs y estudiantes, fueron a parar a los centros clandestinos de detención. Cientos no volvieron jamás y hoy integran las listas de desaparecidxs junto con otros miles en el resto del país.

A cargo del primer tramo del Operativo Independencia quedó Acdel Vilas, un militar que aplicó tácticas de guerra “contrainsurgente”, aprendidas de las fuerzas estadounidenses en Vietnam y francesas en Argelia para reprimir a un puñado de guerrilleros en el monte y aterrorizar y perseguir a toda una población integradas por hombres y mujeres, jóvenes y mayores, trabajadores y estudiantes, a los que los se había señalado como “subversivos”.

El Operativo Independencia tuvo, dicen lxs autorxs, funciones polivalentes. A nivel nacional, funcionó como escuela para formar a las fuerzas represivas y como laboratorio de ensayo de los mecanismos de terror que se aplicarían luego en los centros clandestinos de detención (CCD) y en la sociedad, tras el golpe de marzo de 1976.

Desde el punto de vista simbólico, jugó un papel importante en la construcción de un consenso político y social para poder instalar el “Proceso de Reorganización Nacional”, como llamaron los militares al golpe de Estado.

Sin embargo, y a pesar del relato pretendidamente épico que realizan sus perpetradores, el Operativo Independencia no inauguró la represión, “sino que se monta sobre una serie de hechos previos como el asesinato de luchadorxs populares, las prácticas de torturas, la desaparición de activistas, y la legitimación de la figura del ‘subversivo’, con la promulgación de leyes que penalizaban o agravaban las penas de las llamadas ‘acciones terroristas'”.

Sí marca un punto de inflexión en la estrategia de sectores económicos poderosos que buscaban una reestructuración económica, social y política para erradicar las causas de la inestabilidad crónica que signó el período histórico inaugurado con el derrocamiento del peronismo en 1955.

Estos sectores buscaban desarticular el modelo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones y aniquilar físicamente a los luchadores (los sujetos históricos que conformaron la alianza contrahegemónica) que se oponían a esta reconfiguración de las relaciones sociales.

La diferencia entre las acciones represivas anteriores y el Operativo Independencia es la ruptura tanto en la metodología como en el carácter de la fuerza represora. Lo que se había desarrollado como una serie de tácticas para deslegitimar y estigmatizar a los luchadores (hostigarlos, ilegalizarlos, acorralarlos a través del ejercicio de la violencia) para construir un consenso en la sociedad que avalara la represión, se convierte ahora en persecución brutal.

El Estado vuelve a centralizar la dirección de las acciones represivas (desplegadas hasta entonces a través de grupos paramilitares o parapoliciales), e impone la práctica del secuestro y desaparición forzada, cuyo dispositivo fundamental es el campo de concentración.

“La acción de los grupos parapoliciales y paramilitares, además de tener un objetivo de aniquilamiento específico para los sectores en lucha, fueron generando a nivel social la percepción de una situación caótica y violenta que predisponía a ciertos sectores sociales a reclamar orden”, sostienen en el trabajo académico lxs autores.

La especificidad del Operativo Independencia, y lo que permite ubicarlo como punto de inicio del genocidio en la Argentina, radica en el carácter sistemático de su plan de acción, que involucra al Estado en su conjunto en una intervención a largo plazo que se propone una acción concreta sobre la población en su conjunto, como parte de la estrategia de aniquilación de la llamada “subversión”.

El mapa del terror

Para su despliegue en Famaillá, el Operativo Independencia contaba con 10 dispositivos: una base militar conocida como el Comando de la Laguna, en el ingenio La Fronterita; cinco campamentos militares en los parajes Tres Almacenes, Caspinchango, San Gabriel, Km 99 y Montegrande; y cuatro CCD: la Escuelita de Famaillá, los “conventillos” de la Fronterita, la comisaría de Famaillá y la Escuela Lavalle. Además, se establecieron puestos de control militar que funcionaban las 24 horas en las cuatro salidas principales de la ciudad de Famaillá.

Estos dispositivos tenían distintas funciones en el circuito represivo. Las bases y campamentos militares tuvieron un uso eventual como CCD, destinados principalmente a la reclusión de pobladores de la zona. La comisaría y la Escuela Lavalle funcionaron como CCD transitorios, y los “conventillos” de La Fronterita y la Escuelita de Famaillá fueron CCD permanentes.

La Escuelita fue la cabecera del circuito clandestino provincial durante 1975. Este CCD, a 500 metros de la plaza principal de Famaillá, estaba -ya en esa época- rodeado de casas particulares.

Allí eran trasladados detenidos-desaparecidos tanto de la zona sur como del resto de la provincia, lo que implicaba la puesta en marcha de una logística de envergadura para el traslado de los secuestrados. “Los entrevistados que vivían en las inmediaciones del CCD relatan que era habitual ver la entrada y salida de los camiones que trasladaban los cuerpos, la llegada de helicópteros usados con el mismo fin, y la permanente circulación del personal de las fuerzas represivas. Los vecinos más cercanos cuentan que por las noches se oían los gritos de los torturados”, dicen Cruz,  Jemio, Monteros y Pisani en su trabajo.

Esta maquinaria de terror, tortura y muerte involucró la acción coordinada de los poderes Ejecutivo Nacional y Provincial y del conjunto de las Fuerzas Armadas.

La Nación tenía a su cargo la asignación de recursos materiales para solventar las acciones militares y las “operaciones de acción cívica”, cuya ejecución fue delegada a las fuerzas militares que actuaban en la provincia. Además, a través de la Secretaría de Prensa y Difusión, era responsable de llevar adelante las “operaciones de acción psicológica” en función de las directivas del Comando General del Ejército.

Civiles y eclesiásticos al servicio de la muerte

Ninguna de estas acciones hubiese podido llevarse a cabo sin la colaboración de civiles. Algunos de ellos fueron empresarios -que en algunos casos aportaron los espacios físicos o alentaron la práctica de la delación, como ocurrió con los ingenios La Fronterita y Concepción, la Citrícola San Miguel o la ya cerrada fábrica Norwinco-, magistrados, como en el caso de Manlio Martínez, condenado a 16 años de prisión (aunque luego fue liberado) por haberse negado a recibir denuncias de secuestros y torturas cuando era juez federal.

También la Iglesia aportó cuadros a la bestial represión contra los luchadores. Los capellanes militares, por ejemplo, se ocuparon de “calmar las conciencias” de los torturadores, tal como figura en los apuntes diarios del provicario castrense Victorio Bonamín, consignados en “Profeta del genocidio“, el primer estudio sistemático sobre vicariato castrense, realizado por el sociólogo Ariel Lede y el historiador Lucas Bilbao. “A fines de 1975 comienzan a aparecer la muerte y la tortura en las anotaciones de Bonamín”, explican los investigadores, por ejemplo en  “La Escuelita” de Famaillá y otros centros clandestinos.

Una parte, solamente una parte, de los responsables de tanto dolor fue llevada ante la Justicia. Entre el 5 de mayo de 2016 y el 15 de septiembre de 2017 se realizó el juicio “Operativo Independencia”, en el que se dictó sentencia a 17 imputados por delitos que iban desde robos hasta secuestros y torturas, asesinatos y violaciones sexuales.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán consideró que los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia fueron delitos de lesa humanidad, en el contexto de terrorismo de Estado, pese a haberse cometido durante un gobierno constitucional. Impuso prisión perpetua a seis imputados y fijó penas de 4 a 18 años para los otros cuatro condenados. Siete imputados fueron absueltos, en un fallo que dejó sabor amargo a muchas víctimas y familiares que ofrecieron sus testimonios durante el proceso judicial. Quedan aún muchos casos por juzgar y está previsto que este año se inicie el juicio “Operativo Independencia II”, que tendrá a 15 imputados en el banquillo y a cientos de testigos contando su historia.

 

Valeria Totongi – Equipo de Comunicación del Espacio para la Memoria La Escuelita de Famaillá

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