La Escuelita de Famailla
Fechas importantes Operativo Independencia

Un decreto secreto dio inicio al terrorismo de Estado en Tucumán

El 5 de febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón firmó la autorización para que el Ejército iniciara la ocupación a la que llamó “Operativo Independencia”

Por Valeria Totongi

El Operativo Independencia fue el ensayo, en nuestra provincia, de un método sangriento para disciplinar a la población mediante el terror. El desembarco de cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y Gendarmería -que se sumaron  a la Policía provincial y sus “patotas”- había sido autorizado mediante una norma secreta que firmó la entonces presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, el 5 de febrero de 1975.

La llegada del operativo militar se filmó desde el aire, para mostrar la “zona de guerra”.

El decreto 261/75 aprobaba el lanzamiento de una operación militar con el fin de “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Para ello, decía el texto -que se mantuvo en secreto hasta el regreso de la democracia, en 1983- el Comando General del Ejército “procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias”.  La intervención fue luego ampliada al resto de las fuerzas en todo el país a través de un decreto de Ítalo Luder.

El 9 de febrero, cuatro días después de la firma del decreto 261/75 se puso en marcha un plan sistemático de secuestro y desaparición forzada de personas, orquestado desde el Estado. Esta primera etapa del Operativo Independencia estuvo a cargo de Acdel Vilas, que entregó el mando a Antonio Domingo Bussi en diciembre de 1975. Bussi fue nombrado gobernador “de facto” cuando la junta militar dio el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. 

La ciudad de Famaillá, como otras poblaciones del sur tucumano, fue ocupada militarmente.

Un año antes del golpe, las fuerzas represivas ya habían empezado a implementar, en Tucumán, las “detenciones” sin orden judicial (eufemismo para no llamarlos secuestros), los allanamientos arbitrarios (también sin orden de un juez), los tormentos en los interrogatorios, los abusos sexuales y la desaparición de personas.

Las víctimas de secuestro eran llevadas a centros clandestinos, que funcionaban en muchos casos en instalaciones de empresas, como el ingenio La Fronterita o la Citrícola San Miguel, o en fábricas abasndonadas, como el ex ingenio Lules. El primero de esos lugares de “reunión de detenidos”, como les llamaban los perpetradores funcionó en Famaillá, en el edificio de una escuela que aún no había sido inaugurada.  “La Escuelita de Famaillá” -años después inaugurada como escuela “Diego de Rojas”- pasó a ser sinónimo de secuestro, tortura, violaciones y muerte. 

Con la excusa de combatir a la guerrilla, se montó una gigantesca operación de ocupación en el sur de la provincia, donde se instalaron fuerzas militares y policiales. El objetivo, sin embargo, no era atacar las magras filas de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, sino reprimir a obreros y estudiantes que encarnaban el corazón de las luchas  por salarios y condiciones dignas de  trabajo y educación. 

Es por eso que Vilas afirmaba (así lo consignó en su diario de campaña) que se trataba de una guerrilla “eminentemente cultural” ya que la guerrilla era “sólo manifestación armada del proceso subversivo”. En algunos sectores de la sociedad, escribió el general de Brigada en su análisis sobre la situación en Tucumán, la “penetración marxista” había sido tan profunda, que sólo quedaba “la supresión física”. Tal era el caso de la Universidad Nacional de Tucumán, en la que docentes y estudiantes eran todos sospechosos de colaborar con la guerrilla por el solo hecho de ser universitarios. 

En una entrevista, que nunca llegó a publicarse, y que relata el periodista Hugo Asch, Vilas admitió que la “guerra” que llevó a cabo contra la guerrilla se hizo con métodos fuera de la ley: “Mire, combatir contra un enemigo que se escabulle y se invisibiliza es muy complicado. Tampoco podíamos repetir el tratamiento que la justicia le daba a los delincuentes comunes, que terminaban saliendo de prisión. Aplicar ese mismo sistema con los subversivos era suicidarse. Era como curar una pulmonía con aspirinas. En ese momento la cosa era a matar o morir, usted sabrá comprenderme…”


La Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán que investigó la violación a los derechos humanos entre 1974 y 1983, registró que, durante 1975, se produjeron 123 secuestros de personas. De esas 123, 77 fueron desaparecidas, 14 asesinadas y 32, liberadas. Ese fue, justamente, el año que Vilas estuvo al mando de la tropa, en Tucumán. A partir de 2004, cuando se reabrieron las investigaciones judiciales sobre los hechos ocurridos en esa etapa histórica, decenas de denuncias nuevas salieron a la luz. En el juicio que se realizó entre 2016 y 2017, por los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, fueron expuestos los casos de 271 víctimas, por los que fueron juzgados 17 ex militares y policías. Vilas murió en 2010, y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes en Tucumán. 

La mayoría de las víctimas fueron obreros de la industria azucarera, peladores de caña, jornaleros, almaceneros, carniceros y estudiantes que fueron perseguidos, secuestrados y asesinados. Pronto quedó claro que el aparato represivo buscaba, en realidad, destruir a la dirigencia sindical, política y estudiantil, y que había declarado una guerra en la que la sociedad entera era una enemiga.




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