La Escuelita de Famailla
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Una jornada contra la violencia hacia gays, trans y lesbianas

El 17 de mayo es el Día Internacional contra el LesboHomoTransBiOdio

Por Valeria Totongi

Laura Moreira, hermana de la joven trans Cynthia Moreira, asesinada brutalmente; Gabriel Alabi, abogado por el cupo laboral trans y Lucas Gargiulo, un joven trans que, luego de ser atacado en la calle, sufrió el ninguneo y discriminación de parte de la policía, reclaman por los derechos del colectivo LGBT+.  

El «Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia» recuerda que, un 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad. La efeméride se instituyó en 2005, luego de una campaña ante la Organización de Naciones Unidas. 

En Tucumán, la fecha se recordará durante una Jornada contra el 
LesboHomoTransBiOdio, hoy, de 16 a 19, en la Plaza Independencia, en la que habrá homenajes a las víctimas de crímenes de odio, una radio abierta del colectivo LGBT+, fútbol disidente, concursos y premios. 

El uso del término LesboHomoTransBiOdio es relativamente reciente. Es la palabra que -aunque larga y difícil para decir de corrido- mejor define la actitud de rechazo hacia la diversidad sexual. ¿Por qué no «transfobia», «homofobia» o «lesbofobia»?

Porque la fobia es una enfermedad, un trastorno que se caracteriza por un miedo incontrolable y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Quienes tienen actitudes discriminatorias, violentas o estigmatizantes hacia las disidencias sexuales no están enfermxs, sino que son intolerantes y pretenden negar derechos a lxs integrantes de lxs colectivxs LGBTI+. Son, en una palabra, «odiantes». 

El derecho a una vida digna

El 17 de mayo, más que una fecha de conmemoración, para las diversidades sexuales es un día de denuncia y reivindicación. La idea es impulsar acciones que generen debate e interés respecto de la discriminación, además de reforzar la visibilidad de estas problemáticas. En los últimos tiempos, se añadieron los reclamos para que se garantice una vida digna, con acceso integral a la educación, a la salud, a la Justicia, a la identidad, a una vida libre de violencias, al trato digno y al trabajo.   

Más de 70 países en el mundo condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. En algunos de ellos, incluso se castiga con la pena de muerte. La legislación Argentina es, en ese sentido, una de las más avanzadas del mundo. No sólo reconoce la figura del «crimen de odio» (la ley 26.791, de 2012, incluye como agravante de un homicidio el odio a la orientacion sexual de las personas, la identidad de género y/o su expresión), sino que cuenta en su cuerpo de leyes con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, la coparentalidad, el derecho a ser nombradx por la identidad autopercibida y a no ser discriminadx por razones de orientación sexual. 

La existencia de esas leyes, sin embargo, no ha logrado que los crímenes de odio desaparezcan, o que la discriminación deje, mágicamente, de existir. Sólo durante 2018 hubo 147 crímenes de odio contra personas LGBTI+, según datos que proporciona el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT. Se sospecha que los números son más altos, porque muchos de esos crímenes no se registran. 

De esta cifra, 67 murieron como consecuencia de crímenes basados en la identidad sexual y falta de acceso a derechos básicos, como la salud, la educación, la protección ante el acoso o la persecución. Es que la ausencia estatal y la violencia social también matan. 

El 64% de las víctimas a nivel nacional fueron mujeres trans, el 28%, varones gays cis, el 7%, lesbianas y por último, con el 1%, los varones trans: 11  mujeres trans y seis varones cis gay fueron asesinadxs; 43 mujeres trans murieron por ausencia o abandono estatal. Hubo siete suicidios (cinco de mujeres trans, un varón gay y una lesbiana, revela el informe.

¿Y, por casa?

Tucumán no está ajeno a los actos de violencia contra la comunidad LGBTI+. Una de las víctimas del odio y la exclusión es Cynthia Moreira, la joven de 22 años, asesinada en Tucumán el 14 de febrero de 2018, y cuyo cuerpo desmembrado fue hallado dos meses después por la policía, en una casa de Villa Alem. No fue la única. El 15 de enero de 2018, Natasha Banegas recibió cuatro balazos en las piernas. Ese mismo día, Lourdes Anahí Reynoso fue asesinada junto a su tía en la localidad de Río Nío. El 12 de agosto del año anterior, Ayelén Gómez había aparecido muerta en el parque 9 de julio.  

El miércoles pasado, cuando se cumplieron 15 meses del asesinato de Cynthia, sus familiares, sus amigas y las organizaciones que apoyan su reclamo de justicia, realizaron un homenaje a la joven en la Plaza Independencia. «Quisimos resaltar la lucha de las chicas trans. Muchas de ellas se vienen desde el interior para que marchemos juntas», contó Laura Moreira, hermana de Cynthia. «Ellas son las que viven la discriminación y no tienen oportunidades. La única alternativa que tienen es trabajar en la calle, y eso las expone a peligros, a violencia, a maltratos», añade. 

Por eso, resalta la necesidad de que el Estado garantice mecanismos de acceso al mundo laboral para el colectivo trans. «He conocido varias chicas que quisieran salir de la calle, pero no tienen oportunidades. Tienen el cambio de DNI, figuran con su nombre de mujer, pero igualmente nadie las contrata -denuncia-. Una chica me contó que le robaron y la golpearon. Otra, que no consigue ninguna oportunidad para dejar la calle». Laura resalta que su exigencia de justicia se extiende a todas las chicas trans: «Para que no haya una Cynthia más, ni otra Ayelén». 

El reclamo por el acceso al trabajo, a través de una legislación que garantice el ingreso de personas trans en los distintos ámbitos laborales ha crecido en los últimos tiempos. «Ser trans en nuestra sociedad implica la falta de acceso a derechos básicos -trabajo, salud, Justicia, educación-  lo que afecta de manera integral a las personas y se traducen en que la expectativa de vida de una chica trans es de 35 años, según datos de un relevamiento que hizo la Cedaw», explica Gabriel Alabi, abogado que integra el Frente por el Cupo Laboral Trans 

«Muchas personas trans tienen que dejar la escuela en el nivel primario, o no pueden terminar el secundario por el altísimo nivel de bullying que sufren de parte de profesores y alumnos -explica-. No pocas veces son expulsades de sus hogares y hostigades por la policía». 

El último caso conocido de un ataque por razones de odio a una persona del colectivo LGBTI+ fue el de Lucas Gargiulo. El joven trans de 24 años fue víctima de un ataque que empezó como un robo, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla de violencia por su orientación sexual y su identidad de género. Después del ataque, Lucas grabó su testimonio y difundió el video, relatando el maltrato que -al abuso- agregó la Policía. 

«Al abuso sexual y a la violencia en la calle, se le sumó el abuso institucional y de poder. Ahora, puedo agradecer a las organizaciones que están ayudando y visibilizando para que este crimen no quede impune, para que abran los ojos sobre lo que ocurre con el colectivo. No sólo conmigo, sino con las chicas trans, las lesbianas, los gays. A muches les mataron, muches no pudieron seguir -dijo Lucas-. Yo cada tanto me siento caer, pero estoy pudiendo salir adelante porque me siento apoyado». 

«Hace casi tres décadas que que se sacó la homosexualidad y la transexualidad de los manuales de salud mental. No se la considera una enfermedad, ya que no es tal. Sin embargo, aún esperamos que el transodio se termine. Nuestros gustos, preferencias, orientación, identidad, no son cuestión de nadie más que de nosotres. Queremos ser quienes somos, sin molestar a nadie. No soy yo quien se tiene que esconder, si soy la víctima», insistió Lucas.   

La discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de las Naciones Unidas, a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en estas premisas y a que el derecho a una vida digna, libre de violencias y de sufrimiento es un derecho humano básico. Queda mucho por hacer, pero el colectivo y sus aliades no dejan de reclamar por sus derechos. Para ello, valgan las palabras de Laura Moreira: «No vamos a abandonar la lucha, por más obstáculos que nos pongan el camino»


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